• La Reforma Política del D. F. es sin duda necesaria, sin embargo, la propuesta para integrar el Congreso Constituyente es incongruente.

    Posicionamiento de la senadora Iris Vianey Mendoza en la aprobación del dictamen de Reforma Política del Distrito Federal.

    La reforma política del Distrito Federal ha sido un tema de gran importancia para todos los habitantes de esta ciudad, y hablo de una importancia histórica, política y jurídica pues durante muchos años, se han negado importantes derechos a los ciudadanos de este bastión de la izquierda mexicana, que además ha demostrado la calidad de gobierno que somos capaces de ofrecer, un gobierno donde se respetan las libertades.

    No tengo la menor duda de que el espíritu de la reforma favorece el sistema federalista de nuestro país, es una reforma necesaria, es un hecho de que el Distrito Federal requiere sea revestido de una estructura de estado reconocida como tal que abone a los derechos pleno de los habitantes de esta ciudad. Que cuente con su propia constitución, lo que le dará mayor orden y certeza jurídica a su organización interna, otro derecho indiscutiblemente reconocido, es el poder participar en el procedimiento de reforma constitucional, que no es otra cosa que precisamente la garantía del federalismo; y por su puesto contar ahora con todos los derechos y prerrogativas de los estados.

    Sin embargo en esta ocasión votaré en contra de este dictamen.

    Ya que no comparto y que considero una gran contradicción muy grande del espíritu de la reforma en la integración de la Asamblea Constituyente que creará la Constitución Política que dará vida y que como la misma expresión lo dice, constituirá a esta ciudad con la autonomía que durante tantos años ha anhelado y se le ha negado.

    La reforma política es, sin duda, necesaria y los ciudadanos del Distrito Federal requieren de derechos plenos.

    Sin embargo la propuesta que se conoce como integración del “Congreso Constituyente” es incongruente, incongruente de manera total con el objetivo; considero que no debe aprobarse la designación de diputados. No debe haber integrantes designados. Todas y todos deben ser electos de forma directa y los ciudadanos deben conocer su propuesta para la organización democrática de la Ciudad Capital.

    Esta Asamblea, como ya se ha comentado, estará integrada por 100 ciudadanos, de los cuales 60 serán electos de las listas de los partidos políticos; 14 serán senadores; 14 ciudadanos serán diputados electos también por las dos terceras partes de la cámara de diputados; y lo mas aberrante; seis, serán nombrados por el Presidente de la República y seis más por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

    ¿Y los ciudadanos? En qué momento se da la apertura para que ellos puedan participar, de entrada esta estructura de constituyente excluye la participación ciudadana que supuestamente ya era una conquista y un avance constitucional a raíz de las reformas constitucionales y electorales de febrero de 2014. Es inaceptable, que no se contemple la oportunidad de participación directa de la ciudadanía en la integración de esta asamblea.

    Es tan incongruente como que hayamos dado pasos tan importantes en la legislación para candidaturas independientes y ciudadanas, y hoy con esta reforma le damos para atrás a este avance tan importante. Tan incongruente como cuando legislamos en equidad, en paridad; y nombramos un órgano para que vigile que estos derechos se apliquen, integrado por ocho hombres y tres mujeres.

    Por otro lado, no debe aprobarse la designación de diputados y senadores, cuál es el objetivo de que haya legisladores en esta asamblea, y miembros del congreso que deberíamos estar impedidos para participar en un congreso constituyente. Cómo es posible que se piense en integrantes designados por dedazo van a realizar un trabajo sin consigna.

    Todos los miembros de una asamblea constituyente deben ser electos de forma directa por la ciudadanía, y tienen que presentarse públicamente y presentar una propuesta de organización para la ciudad capital, y que sea la ciudadanía quien decida si les favorece con su voto o no.

    Por estas y otras tantas razones he decidido votar en contra de esta reforma tan necesaria, pero tan ineficiente desde mi perspectiva.

    Considero que es momento de oponerse a tal planteamiento, porque la izquierda ha luchado mucho por impulsar la participación ciudadana y la democracia, la constitución de una asamblea constituyente con esas características, solamente nos lleva a tener la certeza de que ese documento constitucional que se llevará a cabo no contará con el respaldo social, ni con aportaciones de la ciudadanía.

  • Aprueba Senado en lo general Sistema Nacional Anticorrupción.

    Aprueba Senado en lo general Sistema Nacional Anticorrupción.

    *La asamblea de la Cámara de Senadores respaldó el proyecto con 97 votos.

    Donde la Senadora Iris Vianey Mendoza del GPPRD, presentó posicionamiento sobre el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

    A continuación anexamos posicionamiento íntegro de la senadora michoacana registrado en el diario de los debates de la Cámara Alta:

    Hago uso de esta Honorable Tribuna, para expresar mi opinión acerca del Dictamen que nos ocupa.

    Una de las prácticas que más ha dañado a nuestro país a lo largo de los tiempos es sin lugar a dudas la corrupción, pero el mayor problema no es la conducta ilícita de los funcionarios corruptos, el mayor problema es la impunidad, nada más ofensivo para la sociedad que un delito sin castigo, y más grande es la ofensa si se trata de un funcionario público cuyo salario proviene de nuestros impuestos.

    De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada por el INEGI en el último bimestre de 2013, el 88.3% de la población de 18 años y mas, considera que las prácticas de corrupción son “Muy Frecuentes” o “Frecuentes”.

    Además, a partir de la citada encuesta se estima que a nivel nacional, el 89.7% de la población considera que la corrupción es una práctica “Muy Frecuente” y “Frecuente” en las Policías, seguido de los Partidos Políticos y el Ministerio Público con un 84.4% y 78.4% respectivamente.

    El 75.6% de la población de 18 años y más considera que la corrupción en el sector Gobierno Federal es “Muy Frecuente” y “Frecuente”; lo mismo sucede en el 77.2% en el caso de los Gobiernos Estatales y en el 75.8% en el caso de los Gobiernos Municipales.

    Aunado a lo anterior, y como resultado de la misma encuesta, se estima que a nivel nacional, la tasa de la población que tuvo contacto con algún servidor público y tuvo alguna experiencia de corrupción fue de 12,080 por cada 100,000 habitantes.

    Todas las cifras que mencioné están por encima del 75% en un sentido negativo, son preocupantes, los mexicanos estamos cansados de la impunidad, del abuso, de la arbitrariedad; por ello, festejamos que en un esfuerzo por contrarrestar estas prácticas negativas, y lamentablemente comunes, se ha combinado un conjunto de iniciativas de las distintas ideologías pero con un interés común, en el que se creó un dictamen respaldado por la opinión de especialistas en la materia y funcionarios de prestigio, y por supuesto no dejando de observar aspectos del derecho comparado, que terminaron por enriquecer esta propuesta que ahora se discute.

    El Sistema Nacional Anticorrupción se presenta como un órgano colegiado cuyo Comité Coordinador cuenta con una interesante conformación: los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, del titular del organismo garante de la transparencia y la rendición de cuentas, Consejo de la Judicatura Federal y lo más importante, por un representante del Comité de Participación Ciudadana.

    El hecho de que sea colegiado nos ofrece dos ventajas que vale la pena destacar: primero, que la toma de decisiones no recaerá en una sola persona, por lo que las acciones en materia de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción tendrán que se ser debidamente discutidas, analizadas y enriquecidas por los distintos participantes; y segundo, por la forma de conformación, se busca en la medida de lo posible garantizar la imparcialidad del órgano.

    Señores, si el órgano que se crea se mantiene verdaderamente autónomo e imparcial, entonces será efectivo, y para que sea verdaderamente efectivo, se requiere no solo de la voluntad de sus integrantes, si no de las distintas fuerzas políticas de nuestro país. Funcionarios corruptos siempre va a haber, porque la ética es un asunto de formación, no un asunto regulable, pero nuestras instituciones tienen que ser tan fuertes como para castigar a esos funcionarios a pesar de su posición.

    Pero además, no se trata de tener las sanciones más altas o de procesar al mayor número de funcionarios, se trata de inhibir los actos de corrupción y esto se va a lograr, sólo mediante la efectividad real del Sistema Nacional Anticorrupción, porque si caemos en la simulación (como en la que nos encontramos actualmente) cuando nuestros intereses se vean perjudicados, entonces ningún esfuerzo en estos trabajos habrá valido la pena.

    Adicionalmente y para el mejor funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, se fortalecen las facultades de la Auditoría Superior y se propone un nuevo esquema de responsabilidades administrativas, para poder hacer auditorías de manera oportuna, se robustece su capacidad para analizar la cuenta pública, para formular obsevaciones correspondientes a las entidades fiscalizadas y generar la actuación que competa a otras autoridades en materia de investigación de presuntos ilícitos penales o de fincamiento de responsabilidades por faltas administrativas graves. Un aspecto importantísimo, es que la auditoría podrá auditar irregularidades de ejercicios fiscales anteriores al año fiscal en curso y se amplía el plazo de prescripción por faltas graves de 3 a 7 años, lo que se convierte en otro factor para inhibir la comisión de faltas graves o actos de corrupción, pues cuando un funcionario sienta la seguridad de que durante su gobierno no será investigado, esto podrá suceder una vez que termine sus funciones.

    Por otro lado, la conformación del Nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por responsabilidades administrativas graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, también es esencial para inhibir los actos de corrupción, este Tribunal como otro órgano colegiado que podrá funcionar en un pleno con dieciséis magistrados, garantizará también un análisis profundo de las distintas situaciones que se presenten y un equilibrio de ideologías sano en la interpretación del derecho.

    Ya para cerrar compañeros, los funcionarios delinquen abiertamente porque no tienen miedo de la ley, porque son muy influyentes, porque con una llamada solucionan su problema; la intención es pues, superar esa situación, si lo logramos, podremos decir con todo certeza que estamos avanzando en el tema de anticorrupción. Esta reforma es una primera y verdadera intención para lograrlo por eso mi voto es a favor y los invito a hacer lo mismo a nombre de México.

    Quiero cerrar con una frase de un periodista y escritor Uruguayo, lamentablemente recien fallecido, Eduardo Galeano:

    “La impunidad apremia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejemplo.”

    Es cuánto.

    Ciudad de México a 21 de abril de 2015.

    Respetuosamente

    Iris Vianey Mendoza Mendoza

    Senadora de la República

     

     

  • Senado será sede del Foro Global de Mujeres en el Parlamento.

    • Se llevará a cabo en octubre, con la participación de más de 500 parlamentarias provenientes de congresos de varios países.

    El Senado de la República y Silvana Koch-Mehrin, presidenta de Women in Parliaments a Global Forum (WIP) firmaron un Convenio de Colaboración para realizar el Foro Global de Mujeres en el Parlamento, el próximo mes de octubre en el Senado de la República.

    El foro parlamentario se realizará los días del 7 al 9 de octubre en el Senado de la República, con la participación de más de 500 mujeres congresistas, empresarias, y representantes de medios de comunicación de todo el mundo. Entre las que han sido invitadas destacan Michelle Bachelet, presidenta de Chile; Dilma Rousseff, presidenta de Brasil; Rebeca Grynspan, secretaria general Iberoamericana; y José Manuel Barroso, ex comisionado de Naciones Unidas.

    Silvana Koch-Mehrin presidenta de la WIP resaltó que la realización de este foro en México hace patente el compromiso del país con el empoderamiento de las mujeres y que va en la ruta de otros países, como Islandia, donde se realizó el segundo foro y es el país en el primer lugar en cuanto a equidad de género.

    Explicó que la finalidad del Foro Global de las Mujeres en Parlamento es incrementar el número de mujeres con liderazgo en el ámbito político, y señaló que actualmente hay nueve mil en los congresos a escala mundial. Sin embargo, en el caso de posiciones de liderazgo las cifras son más bajas, ya que sólo en 18 países hay primeras ministro o presidentas, es decir, una minoría.

    Detalló que el foro abordará temas como la integridad de personal y la propiedad de las mujeres en torno a su cuerpo, dentro del contexto de la violencia y conflictos que se viven a nivel mundial. Asimismo, indicó que actualmente alrededor de 20 por ciento de las representantes elegidas en los parlamentos en el mundo son mujeres. Ruanda es el país en donde la mayoría de los parlamentarios son mujeres, en otros, en contraste, ni siquiera participan.

    A esta reunión asistieron también Miguel Barbosa Huerta, presidente de la Mesa Directiva, las senadoras Iris Vianey Mendoza Mendoza, Ana Gabriela Guevara, Lilia Merodio Reza, María Elena Barrera Tapia; y aunque no asistió, la senadora Adriana Díaz Lizama fue mencionada como una de las promotoras de la suscripción del convenio citado. También estuvo presente Emilio Suárez, como representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

  • Entrevista con el Corresponsal Holandés en México, América Central y el Caribe de TIJD, ELSEVIER y De Telegraaf.

    Hace varias semanas trabajadores y transportistas de Arcelia Guerrero, lugar sede de Campo Morado, donde se asienta la minera belga Nyrstar, me pidieron apoyo para denunciar:

    A) El retraso de hasta tres meses en el pago de servicios de transporte realizados en favor de la minera, tanto en el acarreo interno para los trabajos de la mina, como el traslado del mineral al puerto de Manzanillo. Estando enmedio un conflicto por la titularidad del contrato de trabajo, por la existencia de un sindicato blanco rechazado por los transportistas locales

    B) El despido de dirigentes de los trabajadores de la minera ante las protestas por horarios de trabajo 12 horas sin pago de horas extras.

    C) El incumplimiento de la minera con una serie de obras sociales destinadas a las comunidades colindantes, como la dotación de agua potable en comunidades afectadas por el uso del agua para la minera.

    D) El derrame de material toxico en las actividades industriales de la minera y poca atencion por parte de la empresa.

    E) El paro de actividades de la empresa como un mecanismo de presion para inhibir las protestas de trabajadores y transportistas.

    Hoy con medios de comunicación de Bélgica informamos los avances en la solución de dicho conflicto que continúa en tribunales.

    Se lograron realizar una serie de negociaciones entre las partes involucradas y las autoridades federales y estatales para buscar una solución al conflicto, la última reunion hace 15 días, se acordo reanudar actividades de la empresa, el pago de los adeudos a los transportistas y el cumplimiento gradual de compromisos con las comunidades afectadas. El tema que ha detenido es la titularidad del contrato colectivo, ya que la minera se obstina en apoyar al sindicato blanco rechazado por los trabajadores y tranportistas.

  • Crean grupo de trabajo para analizar propuestas en materia de seguridad y justicia.

    Martes, 24 de Marzo de 2015 22:40

     

    • El grupo estará integrado por presidentes de las comisiones dictaminadoras y la participación de las senadoras y senadores que quieran incorporarse.
    • Se analizarán iniciativas del Presidente, senadores y propuestas de ONG´s.

    Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, del Federalismo, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron la creación de un grupo de trabajo encabezado por los presidentes de estos órganos legislativos, a fin de analizar la iniciativas del Ejecutivo federal, legisladores y organizaciones de la sociedad civil en materia de seguridad y justicia.

    El grupo de trabajo elaborará una propuesta de desahogo de las iniciativas, más los documentos que se han hecho llegar y los que se vayan incorporando, a efecto de abordarlos de manera integral, reconocer la especificidad de cada uno de los temas para que resulte un dictamen.

    Se dará entrada a todas las iniciativas que haya sobre los temas, tanto la del Ejecutivo como las que han presentado distintos legisladores, para que formen parte del conjunto de la discusión y al mismo tiempo incorporar documentos como la propuesta hecha por la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y un planteamiento elaborado por distintas organizaciones de la sociedad civil.

    Otro asunto tiene que ver con la facultad que se quiere otorgar al Senado para formular una ley general en casos de intervención de la delincuencia organizada en las autoridades municipales.

    Asimismo, se encuentran las iniciativas vinculadas con desaparición forzada de personas y tortura que va vinculado a la modificación de régimen de competencias, facultades y concurrencias en materia penal entre los distintos órdenes de gobierno.