• Gobernadores a favor de aprobar Ley de Seguridad Interior.

    • Relevante la participación de los gobiernos locales que enfrentan las amenazas de la seguridad interior: Ernesto Cordero Arroyo.
    • Es responsabilidad del Legislativo dar un marco normativo que dote certidumbre a la ciudadanía en seguridad, señaló Ana Lilia Herrera.

    Mandatarios estatales pidieron al Senado aprobar la minuta que expide la Ley de Seguridad Interior, consideraron que es imperante dar un marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en sus labores en las entidades federativas.

    Advirtieron que sería “un grave riesgo a la seguridad nacional” retirar a los militares de sus tareas contra organizaciones criminales. La ley no militariza al país, no invade competencias locales ni transgrede los derechos humanos ni las garantías individuales, aseguraron.

    Precisaron que no se criminaliza la protesta social y señalaron que es una exigencia ciudadana restablecer la seguridad, para ello, se necesita toda la fuerza del Estado y contar con policías certificadas.

    Mencionaron que con la participación del Ejército se ayudaría a revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres niveles de gobierno en tareas de seguridad.

    En el marco del análisis de la Ley, que llevan a cabo los presidentes de las comisiones dictaminadoras, ocho ejecutivos estatales expresaron sus opiniones respecto a la minuta referida.

    El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero Arroyo, destacó la labor del Senado por llevar a cabo un ejercicio democrático en el que se escucha a todos los actores antes de dictaminar una ley. “Hemos hecho las cosas con mucha responsabilidad y me da mucho gusto que sigamos en esa lógica”.

    Señaló que esta reunión reviste la mayor relevancia, en la que se encuentran, dijo, los actores centrales de esta ley, los gobiernos locales, que enfrentan amenazas a la seguridad interior en cada uno de sus estados y donde las familias están siendo amedrentadas por la delincuencia organizada, “qué mejor que escuchar su opinión antes de que dictaminemos”.

    Celebro el liderazgo de los presidentes de las comisiones correspondientes, de la senadora Cristina Díaz y del senador Fernando Torres Graciano, para llevar a buen término esta discusión y sobre todo que podamos dictaminar lo mejor para el país, concluyó.

    La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ana Lilia Herrera Anzaldo, dijo que el poder Legislativo tiene la responsabilidad de dar vida a un marco normativo que dote de certidumbre tanto a ciudadanos como al Estado, respecto de su actuación ante las distintas amenazas a la seguridad.

    “La seguridad interior es una responsabilidad que compete a todo el Estado Mexicano y es nuestro deber, desde nuestras respectivas atribuciones, trabajar sin descanso para preservar la gobernabilidad y la tranquilidad de la sociedad”.

    Nuestras Fuerzas Armadas han sido piedra angular en la defensa de todos los mexicanos en la defensa de toda la sociedad, por lo que debemos reconocer su trabajo, dotarles de certeza jurídica en esta noble labor que realizan, para que actúen bajo un esquema bien delimitado, que sea conocido por todas y por todos.

    La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, aseguró que la Ley de Seguridad Interior no se centra en el detalle, sino que remite a otros marcos jurídicos donde, ya se encuentran previstas sus consideraciones y, asimismo, la supletoriedad que es aplicable.

    Precisó que la Ley regula la función del Estado Mexicano, para atender los riesgos y amenazas y observa los principios de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.

    El gobierno de Colima señaló que es necesaria una Ley de Seguridad Interior, ante el crecimiento de los índices delictivos, “y su análisis debe superar las posiciones de tipo político, partidista o electoral”.

    Destacó que la Ley no facultará la invasión de la esfera competencial de las fuerzas del orden local, tampoco generará la sustitución de estas autoridades, ni establecerá un Estado de excepción.

    Durango solicitó a los legisladores que se apruebe la legislación en materia de seguridad interior, ya que, al verse rebasados en algunos casos por la debilidad institucional de las corporaciones policiacas, se necesita que el Ejército mexicano pueda tener un marco jurídico que le permita actuar con toda certeza.

    Observó que esta ley se constriñe estrictamente a las facultades constitucionales y legales y a los tratados internacionales en la materia, sobre todo, de respeto a los derechos humanos.

    Para el gobierno de Jalisco es procedente aprobar el dictamen en el Senado, a fin de revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres niveles de gobierno en tareas de seguridad.

    Refirió que la lucha que se libra en ese estado contra los grupos criminales sería impensable sin la presencia de las Fuerzas Armadas, por lo que consideró imperiosa la necesidad de crear un marco legal que regule su actuación y les otorgue certeza jurídica.

    El gobierno de Jalisco expresó que es imprescindible una estrategia conjunta de todos los órdenes de gobierno en donde la presencia del Ejército y la Armada de México esté claramente delimitada para atender exclusivamente las amenazas a la seguridad interior.

    Dijo que es absolutamente necesaria e inaplazable la aprobación de una ley que permita a las Fuerzas Armadas seguir colaborando con los estados en un marco en el que, tanto la sociedad como los militares, tengan derechos, facultades, limitaciones y alcances. Precisó que, bajo las actuales circunstancias, la presencia del Ejército se da en el marco de un vacío legal que genera incertidumbre.

    A nombre de los ejecutivos de Baja California, Tamaulipas y Aguascalientes, el gobierno de Querétaro pidió a los senadores retomar, discutir y votar “lo más rápido” la Ley de Seguridad Interior.

    Negó que la Ley militarice al país o viole los derechos humanos y las garantías individuales. Aseguró que la protesta social o las movilizaciones que tengan motivo político-electoral, “que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución”, bajo ninguna serán consideradas como amenazas a la seguridad interior.

    San Luis Potosí aseguró que este ordenamiento permitirá tener una mayor y mejor coordinación en materia de seguridad pública con las Fuerzas Armadas y también para poder integrar a las fuerzas policiales municipales en esta tarea.

    Comentó que es imprescindible contar con los mejores elementos para poder brindar certeza a la ciudadanía.

    Tlaxcala expresó que esta legislación debe salir a la brevedad a efecto de establecer claramente los procedimientos y los protocolos que deben cumplir las Fuerzas Armadas para respaldar las tareas de seguridad pública.

    Aseguró que no es correcta la afirmación de que las Fuerzas Armadas, a partir de esta ley, van a estar cotidianamente en las calles.

    El gobierno de la Ciudad de México dijo que hay dar un marco de legalidad a la actuación de los militares, ya que si se retiran de sus tareas “se colocaría en un jaque y en un grave riesgo a la seguridad nacional”; sin embargo, “no quiero dejar de señalar que en esta minuta yo advierto excesos y advierto algunas disposiciones que rebasan lo que incluso han solicitado las Fuerzas Armadas”.

    Opinó que hay varios artículos en donde se rebasa lo que se puede entender por coordinación y se pasa a un esquema de subordinación del Estado mismo, de los estados, de las fuerzas estatales o municipales, respecto de quien designe el Ejecutivo Federal como coordinador de las tareas de seguridad. Ello, agregó, está dejando una puerta abierta que rayaría en un exceso de tomar el asidero de esta ley, incluso creo que sería extralegal.

  • Informa Presidente Enrique Peña de su viaje a la XXV Reunión de la APEC.

    • Cámara de Diputados remite minuta que reforma la Ley de Planeación.

    La Cámara de Senadores recibió el Informe de la participación del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la XXV Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Da Nang, Viet Nam, del 9 al 11 de noviembre de 2017.

    El documento enviado por la Secretaría de Gobernación señala que al término de los Retiros de Líderes se adoptará la Declaración “Creando un nuevo Dinamismo y promoviendo un futuro compartido”, en la que se detallan las acciones para promover un crecimiento incluyente, innovador y sostenible, profundizar la integración económica regional, desarrollar el potencial del sector empresarial, especialmente las MiPyMEs, así como fortalecer la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible.

    La Asamblea quedó enterada y se remitió copia a las comisiones de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, y se puede consultar en la dirección electrónica: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77849

    Respuestas a acuerdos promovidos por senadores

    Se recibieron 21 oficios con respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente.

    Las respuestas se remitieron a los senadores promoventes y se pueden consultar en la dirección electrónica: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77914

    La Cámara de Diputados envió un Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación.

    Busca establecer las bases para que el Ejecutivo federal coordine las actividades de planeación de la Administración Pública Federal, así como la participación, en su caso, mediante convenio, de los órganos constitucionales autónomos y los gobiernos de las entidades, conforme a la legislación aplicable.

    El proyecto se remitió a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, y se puede consultar en la dirección electrónica: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77851

  • La senadora Iris Mendoza declaró que la dirigencia nacional del PRD cuenta con sus legisladores en el Senado de la República.

     

    ·         “Queremos ver gobernando la Ciudad de México a nuestra compañera senadora Alejandra Barrales.”

    Ciudad de México, 12 de diciembre de 2018.- La senadora Iris Vianey Mendoza felicitó a Manuel Granados presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática en una reunión de trabajo que se llevó a cabo este martes en el Senado de la República, y declaró “que le está poniendo una chispa, innovación y una cara que realmente nos da gusto tener al frente de nuestra Dirigencia Nacional del PRD; y, a Ángel Ávila compañero de mil batallas con quién nos hemos formado históricamente en nuestro partido.”

    También aprovechó para felicitar al Coordinador del Grupo Parlamentario al senador Luis Sánchez, quien tuvo a bien organizar el encuentro en el que unificaron agendas los senadores del PRD con su dirigencia nacional

    “Estamos hoy, más unidos que nunca y más ciertos de que el proyecto del 2018 va de la mano de los senadores, diputados federales y locales, de las agendas locales y nacionales; este es el primer paso de una extraordinaria relación política y de unidad, celebramos que se de este primer encuentro con nuestra dirigencia del PRD”, aseveró la legisladora michoacana.

    La senadora Iris Mendoza, reiteró que la dirigencia nacional del PRD cuenta con sus legisladores en el Senado de la República, quienes siempre están pendientes con su dirigencia escuchando sus recomendaciones y haciendo trabajo en equipo.

    Para culminar la senadora Iris Vianey Mendoza, exclamó que “Queremos ver gobernando la Ciudad de México a nuestra compañera senadora Alejandra Barrales, cosa que va a suceder muy pronto; el trabajo que realizó cómo presidenta del PRD fue muy importante, para que se concretara la gran propuesta del Frente, dará resultados para nuestro país, la admiramos, respaldamos y respetamos. Estamos seguros que dará continuidad al buen gobierno en la Ciudad de México y que ganaremos con Alejandra Barrales en el 2018.”

    -o-o-o-

  • Alcaldes y organizaciones civiles expresan opiniones sobre Ley de Seguridad Interior.

    • Que no se haga ningún “cambio fundamental” a la minuta, defienden la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, que la intervención de militar no sea unilateral, que se retome el tema del mando mixto.

    Alcaldes y organizaciones civiles se manifestaron a favor de que la Ley de Seguridad Interior contemple una mayor coordinación con los municipios y se evite una subordinación de este nivel de gobierno a la federación.

    Los presidentes municipales pidieron que se retome el tema del mando mixto, la certificación de las policías y que la decisión de la intervención de las Fuerzas Armadas no se haga unilateralmente.

    En tanto, algunas organizaciones civiles solicitaron que no se haga ningún “cambio fundamental” a la minuta y defendieron la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles realizando funciones de seguridad pública.

    Otras asociaciones hicieron un llamado al Senado para rechazar el proyecto de decreto y abrir el debate para que intervengan actores políticos, academia y sociedad civil.

    El senador del PT, Ángel Benjamín Robles Montoya aseguró que sería un gravísimo error aprobar la minuta, por lo que es importante revisar todo lo que han dicho los gobernadores, presidentes municipales y representantes de la sociedad civil y seguir abriendo los espacios para que se lleven a cabo este tipo de diálogos.

    La senadora del PRD, Angélica De la Peña Gómez dijo que es indispensable que se haya abierto la discusión a efecto de escuchar a todos los actores, “por lo cual aboco a la experiencia del Senado de hacer buenas leyes y tener buenas prácticas del trabajo parlamentario”

    El senador del PRI, Enrique Burgos García expresó que el compromiso de los legisladores al dictaminar esta ley, se debe centrar en la constitucionalidad y respeto pleno a los derechos humanos.

    Héctor Armando Cabada, alcalde de Ciudad Juárez, pidió que se retome el tema del mando mixto, la certificación de las policías, que la decisión de la intervención de las Fuerzas Armadas no se haga unilateralmente, que puedan intervenir los gobiernos locales y que sea siempre una coordinación y no una subordinación.

    Adrián de la Garza Santos, alcalde de Monterrey, dijo que tiene que tomar en cuenta las consideraciones necesarias, a efecto de establecer con claridad que la presencia del Ejército sea temporal y gradual, así como precisar las formas en las que podrá entrar en funciones.

    Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, se pronunció en contra de que se realice algún cambio fundamental a la minuta, a fin de que se respete el derecho a la protesta y para que el Estado pueda actuar en contra de las “manifestaciones violentas”.

    El especialista Juan Ibarrola comentó que diversos sectores estudiantiles, de médicos, mineros, pesqueros, industriales y de la sociedad civil en diferentes regiones del país no quieren que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles.

    Ana Bertha Haro Sánchez, presidenta municipal de Tétela Del Volcán, consideró un riesgo el que no se fortalezca la seguridad en el nivel municipal y que este orden de gobierno quede “muy lejos” de las decisiones que pudieran tomar desde otros niveles de gobierno.

    Orlando Camacho, director general de México SOS, señaló que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles ya es una realidad y tienen presencia en 27 estados de la república, por lo que es necesario normalizar y regularizar sus labores.

    José Jorge Amador Amador, director de Seguridad Ciudadana en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, dijo que en un municipio que tiene más de un millón de habitantes, es posible que se organice la seguridad ciudadana sin desgastar ni a las fuerzas federales ni a las fuerzas militares, con un modelo que garantice que la ciudadanía pierda el miedo.

    Samuel García, Gonzáles Ruiz, catedrático de la UNAM, señaló que los candidatos de los diferentes partidos políticos a la Presidencia de la República van a establecer en sus respectivas agendas de campaña este tema para discutir sus proyectos de seguridad, porque ya está todo en la ley desde hace más de veinte años, nadie puede inventar nada.

    Francisco Cienfuegos Martínez, alcalde de Guadalupe, estado de Nuevo León, aceptó que los municipios no tienen la capacidad para hacer frente a la fuerza que tienen los delincuentes y por eso se necesita la participación de las fuerzas federales y militares para dar protección a nuestras ciudades.

    José Francisco de Villa Soto, de la organización Causa en Común, señaló que la ley extendería y fortalecería el arraigo de las Fuerzas Armadas como fuerza política, enviando una señal clara a todos los niveles de gobierno, en el sentido de que se evadiría la responsabilidad que se tiene con las policías locales.

    Ana Laura Magaloni del CIDE precisó que este no es el marco jurídico que le va a permitir al Ejército tener la certeza de que es subsidiaria, excepcional y temporal su participación en labores de seguridad.

    Tania Reneaum Panszi de Amnistía Internacional hizo un llamado al Senado para rechazar este proyecto de seguridad interior y que abra un debate donde intervengan actores políticos, academia y sociedad civil.

    Advirtió que durante más de tres décadas se ha dejado de lado una verdadera política que permita fortalecer los cuerpos policiacos y crear una verdadera seguridad pública.

    —000—

  • 14.3% de la población mexicana padece trastornos de ansiedad.

    Aprueban cambios en la Ley General de Salud sobre indicadores para seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Salud.

    La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento del carácter prioritario, deberán iniciar en el primer nivel de atención médica, considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como prioridad sanitaria, económica y social.

    Las modificaciones que hizo el Pleno del Senado al artículo 72 de la Ley General de Salud, ayudarán a que las personas que sufren estos trastornos sean atendidas de forma obligatoria en el primer nivel de atención en salud.

    Se estima que en México al menos 14.3 por ciento de los ciudadanos padece trastornos de ansiedad generalizada, enfermedad de salud mental más común en el país, le sigue la depresión y adicciones, ambas en un porcentaje de 9 por ciento.

    De los trastornos de ansiedad el 50 por ciento se presentan antes de los 25 años; la depresión, la mitad lo hacen entre los 20 y los 30; y la esquizofrenia en hombres, entre los 15 y los 25, y en mujeres, entre los 25 y los 35 años.

    El trastorno bipolar y las adicciones se presentan entre los 20 y los 30 años. Las enfermedades cognitivas, degenerativas, las demencias, propiamente son enfermedades del adulto mayor y se presentan después de los 55 años de edad.

    El dictamen se aprobó con 82 votos a favor y se turnó a la Cámara de Diputados.

    Indicadores para seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Salud

    El Pleno del Senado aprobó adicionar el artículo 109 bis 1, de la Ley General de Salud, para establecer que la Secretaría del ramo determinará los indicadores para el seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Salud y establecerá términos y condiciones para su cálculo.

    La Secretaría se apoyará de la información del Sistema Nacional de Información en Salud y del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud.

    Así, al establecer la facultad de la Secretaría para determinar los indicadores de seguimiento y evaluación, se constituye la base y se brinda certeza jurídica a los parámetros, términos y condiciones mediante los cuales se mediarán las acciones de planeación, programación, ejecución y, en su caso, se reorientan las acciones en materia de calidad en salud.

    El dictamen fue aprobado con 65 votos a favor y se envió a la Cámara de Diputados.

    En la sesión de este jueves, se aprobó el proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 90 de la Ley General de Salud para promover la planeación y formación de geriatras, nefrólogos neumólogos, oncólogos y demás especialistas que requiere la población mexicana.

    El dictamen fue aprobado con 81 votos a favor y se envió a la Cámara de Diputados