• La violencia se ha recrudecido en el país en este año 2018. 

    La violencia se ha recrudecido en el país en este año 2018.  Según se reportó como cifra oficial por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para el mes de marzo pasado, ya habían ocurrido 2,729 homicidios dolosos.  Conforme los mismos datos, el promedio de personas asesinadas diariamente en nuestro país es de entre 80 a 85. Jalisco y Michoacán han sido los últimos diez días nuevamente territorio de muerte, violencia y de víctimas inocentes tanto por la acción de bandas delincuenciales de alto impacto como la de las autoridades federales, estatales y municipales que intentan combatirlas.

    El día de hoy, el saldo de la semana, en Jalisco: un atentado contra un ex fiscal, enfrentamientos y narco bloqueos en Guadalajara con un saldo de 16 personas heridas, algunas de gravedad, un hombre muerto por una bala pérdida y el bebé de ocho meses, Tadeo Velázquez, muerto a causa de las quemaduras; detenciones que generan activación del Código Rojo por las posibilidades de actos de violencia extrema, mientras que en Michoacán: ayer en el Municipio de Parácuaro, tras un enfrentamiento resultaron heridos por esquirlas de granada 2 menores de edad; la detención del líder de autodefensas, cuya defensa social amenaza con disturbios en la zona de Tierra Caliente; asesinato del ex candidato panista a la alcaldía de Buenavista;  secuestro  de  la candidata en Álvaro Obregón y se suman los cadáveres maniatados, desmembrados, arrojados a las calles y a los caminos.

    El 2011 con 22,409 homicidios dolosos, cifra oficial del Secretariado Ejecutivo del SNSP, había sido el año con el mayor nivel registrado de violencia desde que se desplegó masivamente a las Fuerzas Armadas para el combate a las bandas de la delincuencia organizada en 2006; en 2017, se rebasó dicho nivel al alcanzar 29,158 asesinatos. Expertos calculan que, si la violencia sigue al ritmo actual, 2018 terminará con casi un total de 33 mil víctimas de homicidios dolosos, con lo que se rompería incluso el récord de 2017.  Y no se ve ningún límite ni acción de gobierno para detener esta imparable ola de asesinatos a nivel nacional.

    Como senadora, y en mi calidad de secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, he cuestionado el paradigma militarista de la seguridad pública pues tanto la anterior administración panista como la actual priista, con una visión absolutamente limitada y sin una política criminal, han desplegado básicamente la acción punitiva de descabezamiento de las bandas delincuenciales, de enfrentamientos sin inteligencia previa, con operativos de fuerzas federales, destacadamente las Fuerzas Armadas que incumplen sus propios protocolos de uso legítimo de la fuerza para actuar desproporcionadamente y sin ninguna protección a la vida, la libertad y la integridad de la población civil que, según declaran, o son daños colaterales o se matan entre ellos, con lo que criminalizan y generan doble victimización a víctimas inocentes que quedan a merced del fuego cruzado de sus operativos. 

    Ni el Gobierno federal ni los de las entidades federativas han comprendido que la violencia, ahora epidémica, se produce por múltiples factores que no podrán resolverse con la continuidad de la militarización de los territorios en los que la macrocriminalidad impera a través de la complicidad entre los poderes fácticos institucionales y legales con los poderes fácticos ilegales, principalmente con los grupos delincuenciales de alto impacto y los grupúsculos del sicariato.

    En las postrimerías del sexenio, ante un panorama electoral en el que se perfila la debacle del partido gobernante y la alternancia en el gobierno, parece que la apuesta de quienes integran la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), empezando por el titular del Ejecutivo federal, es seguir administrando el infierno, como reiteradamente ha señalado el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia.   

    Continuar los operativos para detener a presuntos líderes de los grupos delincuenciales, romper toda legalidad para lo mismo detener sin órden de aprehensión que violentar el principio del debido proceso y la presunción de inocencia; filtrar, desde las instancias federales y locales de procuración de justicia, información, contra adversarios políticos, clasificada en expedientes cuya secrecía deberían resguardar.

    Avanzar, pese a los cuestionamientos de redes nacionales e internacionales de derechos humanos, en la expedición de una inconstitucional Ley de Seguridad Interior para regularizar el paradigma militarizante de la seguridad pública lo que significó la claudicación y derrota declarada de las autoridades civiles de que no pueden resguardar la seguridad vital de sus gobernados; legislación que está impugnada a través de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, así como amparos que ya empezaron a resolverse por jueces federales, declarando inconstitucionales casi una veintena de los artículos de la ley de marras.

    Ante este recrudecimiento de la violencia, reitero mi disposición en lo que me resta como Senadora de la República y como ciudadana políticamente activa, a luchar por recuperar la seguridad de las y los ciudadanos michoacanos y de otras entidades del país, proponiendo una política criminal integral que atienda la multifactorialidad de la violencia como el desgobierno político de la seguridad, la desigualdad y violencias estructurales que incumplen derechos sociales, económicos y culturales; así como la comisión de crímenes atroces como la desaparición, la tortura y las ejecuciones y actos graves de corrupción exigiendo verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas de violaciones a derechos humanos, de corrupción y del pacto de impunidad que lacera su dignidad.

  • Fotogalería donde presenté dictámenes de la Comisión de Desarrollo Social.

    Agradezco la buena voluntad de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y los consensos para sacar adelante el trabajo de la Comisión.

    Hemos logrado a lo largo de tres años en la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República los consensos para presentar un trabajo muy importante de 73 iniciativas, logramos dictaminar 72.

    #HoyEnElSenado #LegislandoConVisiónDeFuturo

     

     

     

  • Elevan a rango de Ley Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

    ·  Es una herramienta fundamental para producir, integrar, administrar, conservar y difundir información para el ejercicio de gobierno.

    La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de decreto que busca que el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia deje de operar mediante acuerdo administrativo y adquiera rango de Ley para asegurar su operación de manera permanente.

    El Subsistema, se destaca en el dictamen, es una herramienta fundamental para producir, integrar, administrar, conservar y difundir información de interés nacional para que el ejercicio de gobierno logre, entre otros resultados, garantizar la seguridad pública y la impartición de justicia.

    Esto permitirá que la Federación, estados y municipios evalúen, con datos confiables y transparentes, la situación que guarda la gestión de las instituciones que tienen como fin que prevalezca el Estado de Derecho.

    Dicho mecanismo fue creado mediante el Acuerdo 4ª/X/2008 de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo que existe la posibilidad de que, a través de sesión de dicha Junta, se apruebe su desaparición, “situación que no debe suceder debido a que la seguridad de los ciudadanos se vería afectada”.

    Los senadores dieron su respaldo, con 80 votos a favor y cinco abstenciones, a la minuta que envió la Cámara de Diputados para incorporar al Subsistema a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

    Con ello, se busca que cuente con una infraestructura que integre, como mínimo, un marco geoestadístico, un inventario nacional de registros administrativos, un registro de Unidades del Estado y un inventario de proyectos y productos que permitan apoyar la obtención de información oficial respecto a la gestión y desempeño de las instituciones públicas. El proyecto de decreto se envió al Ejecutivo Federal.

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  • Robustece Senado formación de cuerpos policiacos.

    • Obligan a la Federación y  entidades federativas  a aplicar de manera homogénea los Programas Rectores de Profesionalización mínimos.

    Por votación unánime, 81 votos,  el Senado de la República avaló reformar el artículo 47 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto la profesionalización y certificación de los cuerpos policiacos, en todos los niveles y en todas las entidades de la República.

    El dictamen remitido a la Cámara de Diputados promueve políticas públicas en materia de seguridad pública, para que la policía cuente con una verdadera y garantizada formación integral, enfocada en la eficiencia, eficacia, profesionalización, capacitación, actualización, certificación y homologación de los programas en la formación en la carrera policial.

    Destaca que en México existe una falta de credibilidad ciudadana en las instituciones policiales y que la problemática de la inseguridad repercute no solo en las actividades diarias de las familias, dañando el tejido social y también impacta significativamente en la economía mexicana.

    Con la aprobación de la reforma, la Federación y las entidades federativas tendrán que aplicar de manera homogénea los Programas Rectores de Profesionalización mínimos, cuya función, entre otras, será garantizar instalaciones y equipamiento adecuados y suficientes para su profesionalización; y promover la celebración de convenios con instituciones educativas nacionales y extranjeras, públicas y privadas.

    Establece que cada entidad debe crear las instancias de educación superior pública o fortalecer convenios, para la impartición de licenciaturas y posgrados, en materia de seguridad pública.

    El Pleno del Senado de la República también aprobó Con 91 votos a favor, 4 en contra y una abstención, el decreto por el que establecen las características de una Moneda Conmemorativa del 50 Aniversario de la Aplicación del Plan Marina.

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  • Senado aprueba reformas para dar certeza jurídica en la propiedad ejidal y comunal.

    • Combatirán “zonas grises” que aprovechan grandes empresas para la explotación de tierras.
    • Se da protección a hijos, conyugues y concubinos para evitar despojo de su patrimonio.

    Con el objetivo de conceder mayor seguridad jurídica a los derechos de ejidatarios y comuneros respecto a su propiedad, goce de sus frutos y justas ganancias económicas, el Pleno del Senado aprobó cuatro dictámenes de reformas a la Ley Agraria.

    La reforma al artículo 95, remitida al Ejecutivo para su publicación oficial, señala los mecanismos para que la expropiación se realice con la voluntad manifiesta del ejidatario o la asamblea, a través de un convenio de ocupación previa donde se establecerán las indemnizaciones y el disfrute de lo generado en los terrenos.

    El presidente de la Comisión de Reforma Agraria, explicó que los procesos de expropiación pueden durar varios años, lo que obliga a los ejidatarios y comuneros a abandonar sus tierras y trabajo.

    Esto ha provocado que se suscite una especie de “zona gris”, que de manera injusta aprovechan compañías y grandes corporaciones para apropiarse de la riqueza por la explotación de las tierras, de ahí parte la decisión de los legisladores de establecer mecanismos que asegure a ejidatarios y comuneros recibir los recursos necesarios para subsistir y evitar así dejarlos en un estado de indefensión, mientras esperan la correspondiente indemnización.

    En cuanto a la reforma a los artículos 14, 57, 80 y 108 del mismo ordenamiento, apuntó el senador por el PAN, se da protección a la familia de los ejidatarios, al facultar a esposas, concubinas, hijos e hijas, para comprobar alguna relación con el titular de certificado parcelario y/o título de propiedad establecidas, en caso de que se encuentre ausente.

    En ese mismo sentido, se hizo una adición al artículo 18 Bis, que puntualiza que en los casos de adjudicación de derechos agrarios por sucesión, el adjudicatario está obligado a sostener a los hijos que dependían económicamente de la ejidataria o ejidatario fallecido, hasta la mayoría de edad; en caso de estado de incapacidad física o mental, hasta que subsista; igual con la cónyuge, concubina o concubinario.

    Agregó que con la reforma y adición del artículo 161, se da certeza a la regulación de la propiedad de tierra para que ésta sea efectiva, sin distinción de lo que realizó la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria.

    Precisa que el procedimiento para enajenar terrenos nacionales deberá sustanciarse a más tardar en un año, a partir de que la autoridad reciba la solicitud correspondiente; se conceden facultades a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para, que en un plazo máximo de seis meses, expida el título de propiedad y su registro ante la autoridad correspondiente, de incumplir se aplicará sanción conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

    Los tres últimos dictámenes fueron remitidos a la Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.