• Aprueba Senado acuerdos internacionales.

    El Senado de la República aprobó diversos tratados internacionales con países de las regiones de África y América Latina, en temas como extradición, asistencia jurídica en materia penal, tráfico ilícito de estupefacientes, entre otros.

    Se ratificaron dos acuerdos entre México y Sudáfrica sobre Extradición, a fin de establecer que la extradición sea concedida por una conducta que constituya un delito de conformidad con las leyes de ambas naciones que sea punible con pena privativa de libertad por un periodo de un año o mayor.

    El segundo Tratado aprobado se refiere a la asistencia jurídica mutua en materia penal, y fue firmado en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2013.

    También se avaló el Acuerdo entre México y Guatemala sobre Cooperación para Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos Esenciales y Productos o Preparados que los contengan, sus Delitos Conexos, así como la Farmacodependencia, firmado en la Ciudad de México, el 13 de marzo de 2015.

    De igual manera, se ratificó un acuerdo con Uruguay sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros.

    Los tratados se enviaron al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

  • Aprueban ley para proteger derechos de personas con discapacidad

    La Cámara de Senadores aprobó establecer lineamientos para la recopilación de información y datos estadísticos de la población con discapacidad en los registros administrativos de la administración pública, del Censo Nacional de Población y de las Encuestas Nacionales.

    Se incluyen los datos del Sistema Nacional de Información en Discapacidad, el Registro Nacional de Población con Discapacidad, y será actualizado mediante registros administrativos de certificación de discapacidad del Sector Salud, encargado de emitir dichos certificados.

    El dictamen, aprobado con 87 votos a favor, establece que los menores de edad con discapacidad y los neonatos que presenten discapacidad congénita o genética, deberán ser incluidos en el Registro de Menores de Edad, con el respectivo certificado de discapacidad.

    Al respecto, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, senadora Lilia Merodio Reza, dijo que el dictamen protege y promueve los derechos de las personas con dicacidad y adultas mayores,  ya que al contar con información precisa de este grupo de personas se podrá mejorar las políticas públicas dirigidas a este sector.

    El proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población, fue enviado al Ejecutivo Federal.

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  • Senado moderniza procesos aduaneros para pasajeros y comercio exterior

    ·   Se modificó la Ley Aduanera y establecieron nuevas medidas para hacer eficaz la cadena logística de las operaciones de comercio exterior.

    El Senado de la República aprobó, con 71 votos a favor y 17 en contra, realizar diversas modificaciones a la Ley Aduanera, para modernizar los procedimientos con nuevas tecnologías y flexibilizar los procesos de declaración de los viajeros que entran al país.

    Los cambios al marco normativo pretenden aclarar y precisar las obligaciones en el comercio exterior, así como fortalecer los regímenes aduaneros existentes y los beneficios a las empresas certificadas por las autoridades del ramo.

    Con la reforma se autoriza a los particulares prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, siempre y cuando tengan un inmueble colindante con un recinto fiscalizado, incluso a través de una ruta confinada, o de un inmueble ubicado dentro o colindante a un recinto portuario, incluyendo la zona de desarrollo.

    La normativa no impone nuevos regímenes fiscales, únicamente se actualiza para, entre otros fines, reducir el uso de papel y certificar el peso, volumen y calidad de mercancías que ingresan a territorio nacional.

    Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, señalaron en el dictamen que se fortalecieron los esquemas ya previstos, y establecieron nuevas medidas para hacer más eficiente la cadena logística de las operaciones de comercio exterior.

    Además, otorga seguridad jurídica a los usuarios, porque robustece el marco jurídico existente en el ámbito aduanero, en beneficio de la generación de inversiones para un mayor crecimiento económico para el país.

    Asimismo, establece que el Servicio de Administración Tributaria determinará, mediante reglas, los supuestos en que no será necesaria la presentación de la forma oficial de la declaración ni la activación del mecanismo de selección automatizado.

    Se eliminó la figura de representante legal como responsable solidario, considerando que éste tiene una relación laboral con la sociedad, y no así con la autoridad aduanera.

    La reforma establece que la inscripción en el registro de empresas certificadas deberá realizarse en la modalidad de Operador Económico Autorizado, lo que permitirá reforzar la seguridad en las aduanas del país, al fortalecer los controles aduaneros y facilitar la cadena logística, a través de la aplicación de análisis de riesgo, inspección de contenedores y carga de alto riesgo.

    Determina el plazo máximo de hasta por un año de permanencia de las mercancías destinadas para fines de investigación, que se importen de manera temporal a territorio nacional.

    Faculta a las autoridades aduaneras para que efectúen el despacho aduanero de mercancías conjuntamente con autoridades de otros países, incluso para que compartan instalaciones aduaneras.

    Dichas autoridades podrán retener mercancías de comercio exterior, cuando haya sospecha de una infracción a las regulaciones en materia de derechos de autor y de propiedad industrial; entre otras modificaciones.

    Se envió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículos 72 constitucional.

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  • Senado adecúa régimen de sanciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

    • Con ello da cumplimiento a resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justica de la Nación.

    El Senado de la República aprobó un proyecto de decreto para evitar que las multas que imponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones resulten excesivas y garantizar que las sanciones atiendan los principios de proporcionalidad, racionalidad y equidad.

    El senador Raúl Gracia Guzmán explicó que actualmente la fracción IV, inciso B), del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dispone una multa por el equivalente del uno al tres por ciento de los ingresos del concesionarios o autorizado por violaciones a este ordenamiento, a los reglamentos y disposiciones administrativas.

    Agregó que plantea la misma sanción por trasgredir planes técnicos fundamentales, disposiciones emitidas por el Instituto, así como a las concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en dicho capítulo.

    Refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la fracción IV, inciso B), del artículo 298 de la Ley “viola el artículo 22 de la Constitución”, pues conforme a este precepto legal tanto las conductas que produzcan una afectación grave como las que causen una menor serán sancionados con el mismo porcentaje.

    El artículo 22 de la Carta Magna, dijo, prohíbe las multas excesivas, lo que implica que debe existir una relación entre las posibilidades económicas del infractor, la gravedad de la conducta y la sanción procedente.

    Por ello, asentó el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, existe la necesidad de derogar la fracción IV del inciso B) del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para atender lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    El proyecto de decreto también adiciona una fracción IV al inciso A) del mismo artículo para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda continuar sancionando, con multa por el equivalente de 0.01% hasta 0.75% de los ingresos del concesionario o autorizado, otras violaciones a los reglamentos, a las disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por dicho Instituto.

    Luego de su aprobación con 83 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el dictamen se envió la Cámara de Diputados y el presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, instruyó a la Dirección Jurídica para que notifique a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justica de la Nación la resolución de esta Asamblea, respecto a lo que requirió a las Cámaras del Congreso de la Unión.

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  • La política de desarrollo social debe cumplir con las expectativas ciudadanas para una mejor protección de las personas.

    • La Comisión de Desarrollo Social presentó su tercer y último informe de trabajo de la LXIII Legislatura; es la que menos rezago legislativo tiene en el Senado de la República.

    El desarrollo social es uno de los más vitales componentes de las políticas públicas que deben desplegarse en un Estado democrático y social de derecho, en el que la democracia cumple con las expectativas ciudadanas de proporcionar seguridad de vida en todos los aspectos del ámbito humano para la convivencia social y la protección de la dignidad de las personas, afirmó la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

    Durante el  tercero y último informe de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social, la senadora del Grupo Parlamentario del PRD destacó que llega al final de la LXIII Legislatura como el órgano que menos rezago legislativo tiene en el Senado de la República.

    La presidenta de la Comisión informó que de las 73 iniciativas que les fueron turnadas a la Comisión, lograron dictaminar 72 de ellas, de las cuales, está completamente concluido el trámite legislativo de 41.

    En las comisiones de Estudios Legislativos, co-dictaminadoras de esa Comisión, hay 15 dictámenes que corresponden a 16 iniciativas; se cuenta con 14 dictámenes que representan 15 iniciativas que, “lamentablemente, no pudimos consensar con todos los actores con quienes realizamos trabajos permanentes de coordinación y acuerdo”, reconoció.

    De las 24 Minutas que les fueron turnadas, 10 cuentan con trámite totalmente concluido; nueve se encuentran en estudio en las comisiones co-dictaminadoras; y únicamente cinco tienen estatus de pendiente, y de las Proposiciones con Punto de Acuerdo todas fueron dictaminadas y se concluyó su trámite legislativo, agregó.

    La senadora por el estado de Michoacán confió que durante el desarrollo del periodo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y hasta en un eventual Periodo Extraordinario de Sesiones, se podrán dictaminar todos los asuntos pendientes, para entregar la Comisión de Desarrollo Social, el próximo 30 de agosto, con cero rezago legislativo.

    El Secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, señaló que ante una realidad desafiante, la política social está llamada a ser un asunto de Estado, que involucra, compromete y articula los esfuerzos de todas las instituciones, organismos y órdenes de gobierno, junto con la sociedad y la iniciativa privada.

    “Ahí, donde aún existe rezago, tenemos que sembrar prosperidad, y ahí donde aún existe inequidad, tenemos que establecer juntos un piso más parejo para todos, porque no es con un esfuerzo aislado como se superan los retos en materia de desigualdad, pues se trata de desafíos estructurales que no se resuelven de la noche a la mañana y que existen un trabajo corresponsable en todos los ámbitos, desde el derecho a la alimentación hasta el combate a la pobreza extrema y el rezago educativo”, apuntó.

    La senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del PRI y secretaria de esa Comisión, aseguró que la política social no se debe partidizar y debemos entendernos para evitar desencuentros, pues debe estar enfocada no sólo a lo material, sino moral, para buscar el empoderamiento del individuo en lugar del asistencialismo, con el fin de que la sociedad sea más igualitaria, autosuficiente y con menos dependencia, porque la gente busca mejorar su esperanza de vida digna.

    El Senador Jesús Casillas Romero, del PRI y también secretario de esa Comisión, destacó que fueron, como senadores, testigos y autores de las grandes reformas que se aprobaron con base en el acuerdo en favor las familias y los adultos mayores para que el país siga avanzando en la justicia social, y para eso hoy se tienen instrumentos contra el hambre que aqueja a sectores de la sociedad.

    Luis Sánchez Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, reconoció que la pobreza y la desigualdad es una deuda que aún se tiene con la sociedad y un reto pendiente desde el Poder Legislativo, aunque se hizo un gran esfuerzo por avanzar en ello y aseguró que en ese punto, el Senado de la República cumplió con su labor legislativa.

    Asistieron al evento las y los senadores Adriana Loaiza Garzón, del PAN; Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Jorge Toledo Luis, del PRI; Fernando Mayans Canabal, sin grupo; la diputada federal Hilda Miranda, del PRD; así como Francisco Javier García Bejos, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la SEDESOL, entre otros invitados especiales.

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