• PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CONMEMORACIÓN DE LOS 100 AÑOS DEL ESTABLECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA.

    SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO

    PRESIDENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

    PRESENTE

    Las y los suscritos senadores del Estado de Michoacán, ante la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numerales 1 y 2, 108 y 276, numeral 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CONMEMORACIÓN DE LOS 100 AÑOS DEL ESTABLECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, al tenor de las siguientes:

    CONSIDERACIONES

    El 5 de octubre de 1917, el Congreso del estado de Michoacán de Ocampo aprobó la creación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El entonces titular del Ejecutivo estatal, Ing. Pascual Ortiz Rubio, quien años después sería Presidente de la República, fue quien tuvo la visión para dotar a la entidad con una institución en la que transita el pensamiento libre.

    Esta Benemérita institución, tiene su génesis en el año de 1540, un egregio personaje originario de Madrigal de las Altas Torres, España, quien dejara en Michoacán múltiples testimonios de su filantropía: Don Vasco de Quiroga, decidió fundar el célebre Colegio de San Nicolás Obispo, ello en el municipio lacustre de Pátzcuaro.  Si reconociéramos su fundación desde el siglo XVI, entonces sería una historia de más de 400 años, sin embargo, interesa reconocer su establecimiento a partir de 1917, cuando el 15 de octubre se publicó el Decreto de su creación como Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por lo que estamos celebrando el primer centenario.

    La Máxima Casa de Estudios de Michoacán, cuya identidad se ha basado en principios humanistas, ha influido notablemente en el devenir de la citada entidad federativa, en la que ha desplegado las banderas de la docencia, investigación científica y la difusión de la cultural.

    El actual rector, Medardo Serna González de la Universidad, resalta que:

    “…la tradición Nicolaita ha estado presente en todos los movimientos sociales y políticos que han configurado al México actual, tiene grandes nombres ilustres en las diferentes áreas del saber, del conocimiento, la cultura, la ciencia, sobresalientes intelectos, entre los que destacan: Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria; José María Morelos y Pavón, entre muchos otros.”

    También, considera que:

    “Con base en los principios del Nicolaicismo como lo son: el humanismo, la libertad, la igualdad, la democracia, el compromiso, el respeto y la tolerancia, las generaciones Nicolaitas pasadas y actuales han logrado construir una Universidad que por su calidad se ubica entre las 10 mejores Universidades Públicas Estatales y como una de las mejores para cursar estudios de posgrado de calidad en nuestro país.”

    Por otra parte, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo plantea que esta institución es la que brinda la más grande oferta educativa de los niveles media superior y superior:

    “…cuenta con siete escuelas preparatorias, una carrera técnica en enfermería, una carrera de técnico superior universitario en seguridad pública, 44 licenciaturas y 72 programas de posgrado, entre especialidades, maestrías y doctorados que atienden a una población de más de 52 mil estudiantes…”

    “…en cuanto a su competitividad académica, esta institución se ubica en el cuarto lugar nacional en calidad, de acuerdo con el ranking del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), que evalúa con una serie de indicadores a las instituciones públicas de educación superior pertenecientes a ese organismo. Destacan los elevados índices de egreso, con una tasa de empleo superior al 77%.”

    “…la investigación científica es un baluarte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esta institución se posiciona, de acuerdo con indicadores objetivos del Estudio Comparativo de las Universidades Mexicanas, como una de las mejores de México. Considerando el número de investigadores SNI como un indicador de la capacidad científica de los Estados, por la aportación que hacen a la ciencia y tecnología con calidad, a la formación de recursos humanos de alto nivel y al fortalecimiento de la innovación que se produce en el país, Michoacán se ubica en el lugar número 10 a nivel nacional al contar con 710 miembros.”

    Según lo expone la propia Universidad:

    “…los programas de vinculación con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales permiten un intenso intercambio científico, cultural y artístico, así como una gran movilidad de la comunidad universitaria. Las actividades de extensión proporcionan asesorías y servicios orientados a satisfacer necesidades concretas de los grupos sociales y de los sistemas productivos. Los programas de difusión cultural hacen llegar a la sociedad las diversas manifestaciones de las ciencias, las artes y la cultura promoviendo el desarrollo de los individuos y los grupos sociales en armonía con el entorno…”

    En la memoria nicolaita figuran el Padre de la Patria Don Miguel Hidalgo y Costilla, el arquitecto del estado mexicano Don José María Morelos y Pavón y el ideólogo de la Reforma Don Melchor Ocampo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    ÚNICO.- La H. Cámara de Senadores se congratula por la conmemoración de los 100 años del establecimiento de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, institución benemérita y centenaria de educación media superior y superior por la que han pasado mujeres y hombres fundamentales en la historia de México; y cuyas aportaciones han sido invaluables para el desarrollo académico, científico, tecnológico y cultural del estado de  Michoacán de Ocampo.

    Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 17 de octubre de 2017

    SUSCRIBEN

    Senadoras y senadores por el Estado de Michoacán

  • Iniciativa para prohibir el indulto por delitos de enriquecimiento ilícito y operación con recursos de procedencia ilícita.

    De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 97 del Código Penal Federal.

     

    Sen. Iris Vianey
    Mendoza Mendoza

     

    SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO,

    PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

    DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

    P R E S E N T E

    Los suscritos senadores IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, pertenecientes a la LXIII Legislatura en este Senado, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 8, numeral 1, fracción 1, 164, numeral 1; 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA PROHIBIR EL INDULTO POR DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y OPERACIÓN CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, al tenor de la siguiente:

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    La gracia del Indulto, es una figura tan antigua como el propio delito, tanto en los regímenes monárquicos como republicanos[*]. Existe referencia al perdón, desde el Código de Hammurabi.

    En México, se integra esta gracia presidencial a nuestra constitución el 08 de octubre de 1974, en la fracción XIV del artículo 89, mismo que permaneció intocado hasta el 29 de enero de 2016, eliminando el derecho al indulto a los sentenciados por delitos del orden común, en el Distrito Federal, para ahora quedar como sigue:

    “Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

    (…)

    XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales;”

    Es decir, actualmente, nuestra Constitución concede al Presidente de la República, la facultad de conceder indultos a los sentenciados por delitos federales, y en este sentido, el Código Penal Federal tiene un apartado en su Título IV, Capítulo IV, que se intitula: “reconocimiento de inocencia e indulto”.

    Por cuanto ve al Reconocimiento de Inocencia, el artículo 96 señala que: “Cuando aparezca que el sentenciado es inocente, se procederá al reconocimiento de su inocencia, en los términos previstos por el Código de Procedimientos Penales aplicable y se estará a lo dispuesto en el artículo 49 de este Código.”

    Y en lo que respecta al indulto, el artículo 97, a la letra dice:

    Artículo 97.- Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de reinserción social y su liberación no represente un riesgo para la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, desaparición forzada, tortura y trata de personas, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:

    I.- Por los delitos de carácter político a que alude el artículo 144 de este Código;

    II.- Por otros delitos cuando la conducta de los responsables haya sido determinada por motivaciones de carácter político o social, y

    III.- Por delitos de orden federal o común en el Distrito Federal, cuando el sentenciado haya prestado importantes servicios a la Nación, y previa solicitud.

    Ahora bien, el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales lista las causas de extinción de la acción penal, señalando en la fracción III, el reconocimiento de inocencia del sentenciado o anulación de la sentencia; y en la fracción V el Indulto.

    Posteriormente, de los artículos 486 al 490, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece el procedimiento para declaración de inocencia o anulación de la sentencia por parte de los tribunales.

    Entonces, de lo anterior podemos advertir que estamos ante dos figuras distintas: 1) la declaración de inocencia o anulación de la sentencia por parte de los tribunales, para lo cual hay un procedimiento establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando aparezcan pruebas de las que se desprenda en forma plena, que el sentenciado no es culpable; y, 2) el indulto por parte del Presidente de la República, para el cual no existe en materia federal un procedimiento específico, solamente se señala que es en uso de sus facultades discreciones, por delito de carácter político o bien; cuando el sentenciado haya prestado importantes servicios a la Nación y sea previamente solicitado; ambas figuras proceden hasta después de dictada la sentencia.

    Bajo este orden de ideas, nos enfocaremos únicamente en lo referente al indulto, que como ya referimos, no se trata de un procedimiento, pues no existe una ley federal, reglamento o lineamientos que dirijan el actuar del Presidente de la República, únicamente lo hace en uso de facultades discrecionales y expresando sus razones y fundamentos, teniendo como únicos límites los siguientes: que no se trate de sentenciado por traición a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, desaparición forzada, tortura y trata de personas, ni de reincidente por delito intencional.

    De manera que, cualquier situación de delito que se sustraiga de las excepciones señaladas con antelación, podría ser sujeta a consideración del Ejecutivo para los efectos del Indulto, y esto incluye delitos relacionados con enriquecimiento ilícito u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    Enriquecimiento ilícito en México

    Existen antecedentes desde la Colonia Española de un juicio que se Instauró por enriquecimiento ilícito en contra de Hernán Cortés, por las constantes denuncias sobre sus riquezas consistentes en oro y animales, donde tuvo que demostrar que todo ello, no era producto del uso indebido de su poder público.[*]

    En el México independiente el antecedente de la figura en estudio aparece en el entonces llamado “enriquecimiento inexplicable” regulado en la ley de responsabilidad de los funcionarios y empleados de la federación, del Distrito y territorios federales y de los altos funcionarios de los estados, emitida en 1939 por el presidente Lázaro Cárdenas para sancionar administrativamente a aquellos funcionarios cuyo patrimonio se incrementaba de manera desproporcionada en relación con sus ingresos por salario que le pagaba el Estado.[*]

    Desde entonces y hasta la fecha, el delito de enriquecimiento ilícito está regulado en nuestro país. Porque desde los tiempos de la conquista y hasta la fecha, han predominado en México los actos de corrupción relacionados con delitos de enriquecimiento ilícito.

    De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública, menos del uno por ciento de los delitos denunciados ante el órgano de control, culminan en sentencias condenatorias contra servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción.

    De los años 2002 a 2016, tan sólo el 0.67% por ciento de los expedientes en contra de funcionarios llegaron a un proceso penal o administrativo. En 14 años se han presentado 296 denuncias por parte de los Órganos Internos de Control (OIC) de 114 instituciones federales, de las que en sólo dos casos han terminado en condenas.

    Según señala la Secretaría de la Función Pública, en 2015 se realizaron 173 investigaciones internas en el gobierno federal por el supuesto enriquecimiento ilícito de servidores públicos.

    La corrupción es sin lugar a dudas, uno de los principales problemas que padece nuestro país, aunado a la inseguridad pública, la violencia, el narcotráfico y las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    Como un ejemplo, tenemos las investigaciones de los exgobernadores, cuyos delitos están relacionados con narcotráfico, operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y en general, actos de corrupción relacionados con su cargo: de Michoacán, Fausto Vallejo dejó el cargo tras señalamientos de corrupción y presuntos nexos con el crimen organizado, Jesús Reyna, quien está preso por nexos con el narco; de Nuevo León, Rodrigo Medina, ya procesado; Andrés Granier de Tabasco; de Chihuahua, Javier y Cesar Duarte, Roberto Borge, el exmandatario de Quintana Roo; Tomás Yarrington y Eugenio Hernández de Tamaulipas, Fidel Herrera de Veracruz; entre muchos otros, cuyas investigaciones están en curso.

    El enriquecimiento ilícito y las operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de funcionarios y exfuncionarios es un delito que ofende a la sociedad de manera particular, al encontrarnos en un país con 55.3 millones de pobres y hecho por un servidor público, cuya función en todo momento debería ser, el favorecer a la sociedad y a los ciudadanos, pues cuando se daña al erario, se convierte en un acto de traición ciudadana.

    Por tal motivo, debe eliminarse la posibilidad del indulto en los casos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque son delitos que ofenden a la sociedad de manera directa.

    No obstante que no hay antecedente conocido en el país de algún indulto otorgado tras una sentencia por este tipo de delitos, es una realidad que nuestro sistema jurídico lo permite, y por tanto, permanece vigente la posibilidad de que en el futuro un Presidente de la República en uso de sus facultades discrecionales, conceda un indulto a una persona sentenciada por delitos de enriquecimiento ilícito u operaciones con recursos de procedencia ilícita; y si bien es cierto, tiene que expresar sus razones y fundamentos, también lo es, que es una gracia que podría conceder el Presidente en forma discrecional porque legítimamente la ley lo permite, pues no hay una ley o reglamento que determine los alcances del indulto.

    En consecuencia, se propone reformar el artículo 97 del Código Penal Federal, para agregar entre los impedimentos para considerar el indulto por parte del Ejecutivo, los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como muestra en el siguiente cuadro.

     

    CUADRO COMPARATIVO

    TEXTO VIGENTE

    PROPUESTA DE REFORMA

    CÓDIGO PENAL FEDERAL

    CÓDIGO PENAL FEDERAL

    TITULO CUARTO

    CAPITULO IV

    Reconocimiento de inocencia e indulto

    TITULO CUARTO

    CAPITULO IV

    Reconocimiento de inocencia e indulto

    Artículo 97.- Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de reinserción social y su liberación no represente un riesgo para la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, desaparición forzada, tortura y trata de personas, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:

    I. (…)

    II. (…)

    III. (…).

    Artículo 97.- Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de reinserción social y su liberación no represente un riesgo para la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la Patria,enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita,espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, desaparición forzada, tortura y trata de personas, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:

    I. (…)

    II. (…)

    III. (…).

    Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente:

     

    PROYECTO DE DECRETO

    POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA PROHIBIR EL INDULTO POR DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y OPERACIÓN CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

    En los siguientes términos:

    ÚNICO. Se REFORMA el artículo 97 del Código Penal Federal, para quedar de la forma siguiente:

    Artículo 97.- Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de reinserción social y su liberación no represente un riesgo para la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la Patria, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, desaparición forzada, tortura y trata de personas, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:

    I. (…)

    II. (…)

    III. (…).

    TRANSITORIOS

    PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 12 doce días del mes de septiembre de 2017.

    SUSCRIBE

    IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA

     


    [*] CADALSO MANZADO, F., 1921, La libertad condicional el indulto y la amnistía, Madrid: 195 y s

    [*] Díaz Aranda, Enrique, Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consultado en 18 de agosto de 2017, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1724/13.pdf

    [*] Idem

  • Iniciativa de Reforma de Senadores del PRD que protege a víctimas de desplazamiento forzado interno y a extranjeros que buscan refugio en México.

    De las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriendo el subsecuente y un párrafo cuarto al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que seadiciona un párrafo segundo, recorriendo el subsecuente y un párrafo cuarto al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    En los últimos años, el fenómeno de la migración se ha convertido en un tema central en el debate políticio y social no sólo de nuestro país, sino de toda la comunidad internacional. A raíz de crisis económicas, falta de oportunidades de crecimiento y desarrollo de las personas, guerras civiles, desastres naturales, represión y persecusión por parte de algún Estado, entre otras muchas razones, millones de personas se han visto obligados a migrar de sus lugares de residencia.

    En este sentido, México, al ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, se encuentra en una difícil situación no solamente por la falta de políticas adecuadas que mejoren la calidad de vida de las y los mexicanos y eviten su migración, sino además, porque geográficamente respresentamos un puente que une a Centroamérica y los Estados Unidos, lo cual ha originado un aumento exponencial en el flujo de migrantes de dicha región hacia nuestro país con miras a llegar a la Unión Americana.

    De acuerdo con el estudio “Migración Centroamericana en Tránsito por México hacia Estados Unidos: Diagnóstico y Recomendaciones”, elaborado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México en 2014, “Los desplazamientos de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses a través deMéxico para llegar a Estados Unidos han marcado las dinámicas migratorias en Mesoaméricay las relaciones de México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala,Honduras y El Salvador) desde hace más de 30 años. Estos flujos de migrantes en tránsito irregularhan predominado numéricamente frente a otros desplazamientos de centroamericanoshacia México, como el de trabajadores fronterizos, el de refugiados o el de personas de estospaíses que se quedan en México como residentes temporales o permanentes”. [*]

    Asimismo,Christopher Gascon, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha señalado que cada año se estima que más de 450 mil personas, principalmente centroamericanos, cruzan el territorio nacional hacia los Estados Unidos. [*] Cabe señalar que analistas y expertos han señalado que estos flujos de migrantes podrán quedarse varados en nuestro país debido al endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos impulsada por Donald Trump, lo cual generará mayores desafios para nuestro país.

    En este sentido, desde finales del año pasado, se ha hecho patente este hecho. En Tijuana y Mexicali, desde septiembre del año pasado miles de haitianos se quedaron varados en estos municipios debido a la restricción impuesta por el gobierno de Barack Obama, lo cual se ha agudizado con el nuevo gobierno de Donald Trump. De acuerdo con Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano de los Naturalizados afromexicanos, hay cerca de 3,700 migrantes en municipios, donde el 80% se concentra en Tijuana. [*]

    Aunado a lo anterior, el cambio en la política migratoria del gobierno de Barack Obamahacia Cuba, generó que más de mil cubanos quedaran varados en nuestro país, principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas. [*] Si bienel Gobierno Federal anunció que permitiría solicitar refugio a estas personas, el aumento en los flujos de migrantes que se quedan varados es un problema que debe atenderse de manera urgente, principalmente para resguardar su dignidad e integridad.

    Lo anterior se vuelve sumamente importante debido a las condiciones de discriminación que sufren las personas migrantes. En 2014, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJUNAM) realizó una encuesta en la que, entre otros aspectos, determinó que los mexicanos, a pesar de vivir en una nación con una significativa cantidad de migrantes, también discriminan a personas en condiciones similares, en especial las que provienen de Centroamérica. [*]

    Ante esta situación, es importante destacar que el artículo 1° de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que todas las personas gozan de todos los derechos reconocidos por la misma y los tratados internacionalesde los que el Estado Mexicano es parte, sin excepción alguna.“Este reconocimiento amplio implica que no sólo los nacionales gozarán de los mismos, sino que toda persona, por supuesto, extranjeros. Ante esto la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende, deben serles respetados”. [*]

    En este sentido, es necesario que en el texto constitucional se especifique claramente la obligación de los tres niveles de gobierno de implementar medidas y programas para la acogida de migrantes, sea cual sea su estatus migratorio. Cabe señalar que el término “acogida” se refiere al acto por el cual un Estado recibe en su territorio a personas migrantes que, por cualquier razón, se han visto forzadas a huir de sus lugares de residencia y les ofrece la protección y el amparo del Estado mismo con el fin de salvaguardar sus derechos humanos. Es una manera de que nuestro país incorpore a las personas que recibe de otros países, sin importar su origen o nacionalidad.

    Asimismo, es necesario que en la Constitución se reconozca el desplazamiento forzado interno de todas aquellas personas que, por motivos varios, se han visto obligadas a abandonar sus lugares de residencia y sus hogares, pero que lo han hecho en el interior de nuestro país sin haber cruzado alguna frontera internacionalmente reconocida. Una situación que nuestro país ha visto crecer en los últimos quince años por motivo de la falta de planeación, la inseguridad o fenómenos derivados del cambio climático.

    Con relación a lo anterior, el informe anual de Agencia de Naciones Unidas para los Refugiado (ACNUR), Tendencias Globales 2016, que analiza el desplazamiento forzado en todo el mundo basándose en datos de gobiernos, agencias socias, y en los datos del propio ACNUR, arroja que 65,3 millones de personas se encontraban desplazadas a finales de 2015, en comparación con los 59,5 millones de tan sólo 12 meses antes. [*] Asimismo, en el 2015, en promedio 24 personas por minuto se vieron obligadas a huir de sus hogares y buscar protección en otro lugar, ya sea dentro de las fronteras de su país o en otros países. [*]

    De acuerdo al Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, dado a conocer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en mayo de 2016, variasautoridades estatales y municipales, a solicitud de la Quinta Visitaduria General del organismo,refirieron que entre 2012 y 2015 se registraron 35,433personas víctimas de DFI, principalmente en Tamalipas, entidad que acaparó el mayor porcentaje al contar con 20 mil casos, seguida de Guerrero y Chihuahua con 2,044 y 2 mil casos, respectivamente. [*]

    En el mismo periodo, diferentes organismos estatales de derechos humanos informaron sobre la existencia de 6,685 personas víctimas de DFI en los Estados donde se encuentran, además de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) reportó que en el periodo de 2006 -2013 había atendido a 5,364 familias de personas indígenas desplazados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca. Esa cifra equivale a 16,092 personas. [*]

    Si bien las cifras oficiales varían de acuerdo a la fuente de donde son obtenidas, los números señalados en los párrafos anteriores demuestran la grave crisis de desplazamiento forzado que se vive en nuestro país y la cual no ha sido atendida de manera eficaz, por lo cual es necesario se reconozca constitucionalmente a estas personas y se empiecen a desarrollar políticas y acciones encaminadas a atender a las víctimas.

    Lo anterior va acorde con lo señalado por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual, en el Informe antes referido, menciona que el problema del desplazamiento forzado interno “no ha sidovisibilizado ni las víctimas atendidas de forma adecuada para efecto de proteger o garantizar sus derechos humanos (…) lo que se agrava ante laresistencia de las autoridades para reconocer de manera abierta la existencia del problema. [*]

    En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto el reformar el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la adición de un nuevo párrafo segundo, recorriéndose el subsecuente, se pretende visibilizar el problema del desplazamiento forzado interno que actualmente se da en nuestro país principalmente a causa de la violencia generalizada que existe. Asimismo, además de reconocer el fenómeno, se obliga a la Federación y a las Entidades Federativas a diseñar e implementar programas y acciones específicas para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas a quienes se les reconozca como víctimas.

    Reconocemos que la última reforma a la Ley General de Víctimas incorpora disposiciones de avanzada en materia de protección a los derechos de quienes sufren desplazamiento forzado interno. Sin embargo, es necesario que, con su visibilización en la Carta Magna, sea posible la construcción de un andamiaje completo e integral que combata la situación que viven estas personas.

    Aunado a lo anterior, con la adición de un nuevo párrafo cuarto, se garantiza la acogida de personas migrantes, así como de aquéllas que busquen y reciban refugio, asilo y protección internacional en México, a las que el Estado Mexicano en su conjunto deberá atender y proteger de manera amplia, velando siempre por la protección de sus derechos humanos.

    Finalmente, es de mencionar que algunos de los textos de esta propuesta recogen los esfuerzos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para proteger a las personas migrantes y a quienes están en situación de desplazamiento forzado interno en el artículo 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México, misma que reunió los esfuerzos de constituyentes de las diversas fuerzas políticas en la Ciudad, a propuesta de la diputada constituyente y Senadora del PAN, Gabriela Cuevas Barrón.

    Por las anteriores razones, se propone el siguiente:

    PROYECTO DE DECRETO

    Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo, recorriendo el subsecuente y un párrafo cuarto al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Artículo 11.

    Se reconoce como víctimas de desplazamiento forzado interno a aquellas personas o grupos de personas forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia, como resultado de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a sus derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, sin que ello implique que crucen una frontera estatal internacionalmente reconocida. La Federación, así como las Entidades Federativas, deberán diseñar e implementar programas y acciones específicas parapromover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas a quienes se les reconozca como víctimas de desplazamiento forzado interno.

    Las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán adoptar medidas y programas para la acogida de personas migrantes, así como de aquéllas que busquen y reciban refugio, asilo y protección internacional en México. Asimismo, deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir la migración forzosa.

    TRANSITORIOS

    ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Salon de sesiones de la Comisión Permanente a 9 de mayo de 2017

  • Iniciativa en Materia de Corresponsabilidad Parental.

    De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis y se adiciona la fracción XXVII Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

    Quienes suscriben,senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democráticapertenecientes a la LXIII Legislatura en este Senado, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 8, numeral 1, fracción 1, 164, numeral 1; 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVII Bis Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII TER AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD PARENTAL

    al tenor de la siguiente:

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    En nuestro país existe un rezago en materia de responsabilidad parental, tanto cultural como legislativo. Esto se debe a las múltiples variables que influyen en la forma en que los individuos construyen la maternidad y la paternidad y, por tanto, la corresponsabilidad parental. Los elementos van desde numerosas variables económicas e institucionales, pero sobre todo también culturales y normativas [*] . El estereotipo de la buena madre se ha relacionado íntimamente con el trabajo doméstico que es desempeñado por las mujeres y esto se debe al estrecho marco jurídico para corresponsabilizar al padre en lo relativo al hogar y a los hijos.

    En efecto, pocos han sido los impulsos y cambios legislativos en lo que toca a la materia de corresponsabilidad parental. Esto apenas tiene unos pocos destellos en materia de derecho familiar [*] .La figura surge del derecho de familia, pero sus alcances llegan a todo el sistema normativo y, por tanto a la legislación laboral [*] .

    La legislación federal en materia del trabajo puede asimilarse al calado de una Ley General, toda vez que es de aplicación obligatoria en los Estados de la República. En materia laboral resalta el principio de igualdad y esto se ve acentuado por la igualdad sustantiva entre hombre y mujer. La propia legislación, si bien protege la licencia de maternidad, también realiza una discriminación de factoy de iure en perjuicio de la propia mujer. Lo anterior sucede atendiendo a los plazos para las llamadas “licencias de maternidad y licencias de paternidad”. Las mujeres cuentan con licencia de 12 semanas para el nacimiento de un hijo, mientras que los padres solo cuentan con 5 días, con lo cual el legislador ha discriminado a la mujer obligándola a cumplir con las labores de cuidado de los hijos y le quita responsabilidad al padre, lo que también ocurre de hecho.

    Al respecto, existen diversos modelos teóricos para explicar la gran brecha de género en cuanto a corresponsabilidad parental. Se ha tratado de explicar a través de la teoría de la división del trabajo familiar, la que a su vez responde a factores basados en la evaluación de las posibles ganancias y pérdidas potenciales de los miembros de la pareja respecto a la integración en el mercado laboral [*] , es decir, no solo dependerá del género sino de las ganancias monetarias en el mercado laboral. Otra teoría nos conduce a establecer que la mujer carga con más responsabilidad de la familia por contar con menos ingresos salariales que el varón y, por tanto, llegar a un mutuo acuerdo de la responsabilidad delegada [*] .

    De igual manera, la doctrina nos dice que lo anterior se puede ver subsanado si existen factores para la incorporación de la mujer al mercado laboral, tales como políticas familiares o la regulación laboral [*] , puesto que esto incidirá en la elección de la estrategia más adecuada para compatibilizar las responsabilidades familiares. En nuestro sistema jurídico la legislación que incorpora a la mujer al mercado laboral es la Ley Federal del Trabajo, la cual necesariamente debe contener una regulación igualitaria entre hombres y mujeres en materia de corresponsabilidad parental.

    Las teorías expuestas cobran validez cuando los datos indican que nuestro país tiene una de las tasas más bajas en cuanto a la participación de la mujer en el mercado laboral, ya que sólo el 47% de las mexicanas en edad productiva son parte de la fuerza de trabajo, en comparación con el promedio de 67% de la OCDE [*] y con otros países latinoamericanos como Chile, Brasil, Colombia y Perú con un 60%. De igual forma, los datos revelan que México tiene un periodo insuficiente en las licencias por paternidad, ya que en promedio los países que pertenecen a la OCDE cuentan con una licencia de hasta 8 semanas [*] .

    La imposibilidad de equilibrar el trabajo y la vida personal por parte de las mujeres disminuye la participación de las mujeres no solo en el sector privado, sino en el público también [*] . En México la participación de la maternidad en el campo laboral se enfrenta a obstáculos para conciliar el empleo y la vida familiar. Los apoyos para las licencias de maternidad y paternidad son nulos comparados con los demás países de la OCDE. Nuestro país no cuenta con un sistema de licencia parental compartida después de concluidos los periodos de licencias de maternidad y paternidad. Según la OCDE, el impulso de estos apoyos sociales incrementaría la igualdad de género en tareas de cuidado y las oportunidades de las mujeres en permanecer y progresar en el mercado laboral [*] .

    En este orden de ideas, se puede afirmar que en México no hay igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ámbito de laboral y la crianza de los hijos. La propia ley incentiva a colocar en la mujer una responsabilidad mayor y, con ello, a dejarla en desventaja económica respecto del hombre.

    En este sentido, el contexto institucional y las desigualdades económicas de género limitan tanto el aspecto económico y la propia ideología de género en la división del trabajo familiar. La situación laboral de la mujer y la ideología de género tienen efectos en la división de trabajo familiar en países con menor igualdad de género en el mercado laboral y en el ámbito político. Asimismo, la corresponsabilidad parental se acentúa en países potenciadores de la inserción laboral de la mujer y de implementación de políticas familiares a favor de los permisos de maternidad y paternidad prolongados. [*]

    En México, cualquiera que sea el modelo teórico a aplicar, podemos afirmar la gran brecha de desigualdad en esta materia y, por tanto su arraigo cultural en la formación de valores implícitos que se ven reforzados por el desinterés en reformar nuestras instituciones.

    La desigualdad aludida se puede ver en un ejercicio comparativo con la normatividad y las condiciones materiales de otros países de Latinoamérica, por ejemplo: Chile desarrolla el principio de corresponsabilidad parental en diversos ordenamientos. A su vez, las estadísticas los favorecen en la posición de mercado en cuanto a la mujer trabajadora, el porcentaje ronda en un 60%.

    En Brasil una empresa de cosméticos y productos de belleza e higiene, comunicó en 2016 que ampliaría la licencia de paternidad a 40 días remunerados, beneficio que se extendió para casos de adopción y parejas del mismo sexo. [*] A este respecto conviene mencionar que además del avance en materia de igualdad sustantiva entre la mujer y el hombre, las modificaciones en el tema que nos ocupa son de gran beneficio principalmente para el bebé, ya que la participación conjunta de los padres en el cuidado del mismo genera un impacto positivo en el desarrollo cognitivo.

    Así las cosas,es evidente que se debe reformar el artículo 132, fracción XXVII bis, de la Ley Federal del Trabajo para generar una igualdad sustantiva. En principio se debe ampliar el plazo de licencia de paternidad. Esto se cumplimentaría en virtud de consagrar plazos tanto a la madre trabajadora como al padre trabajador y así, poder establecer responsabilidades parentales equilibradas.

    De igual manera, es necesario establecer plazos cuando menos de 20 a 30 díasen las licencias de paternidad y garantizar el pago de salario durante las mismas, ya que esto pondría nuestro sistema laboral a la altura de otros sistemas normativos más proteccionistas que, inclusive, amplían las licencias de paternidad y la protección de las mismas a 2 semanas de licencia pagadas y hasta 18 semanas en licencia de paternidad [*] .

    Las recomendaciones de la OCDE [*] sugieren que México debe expandir el plazo de cinco días para la licencia de paternidad, usar fondos públicos para el período de la misma e incentivar a tomar las tales licencias. Las instituciones adecuadas (macro) pueden influir en la economía y en los valores e ideologías de género dentro del núcleo familiar (micro). Lo anterior tiene que ir acompañado de políticas públicas sobre lactancia materna y el cómo se involucra el hombre en el cuidado de los recién nacidos para lograr transformar la realidad.

    La reforma tendría como efecto benéfico estar en máxima armonía con los Tratados Internacionales, independientemente de la postura sobre el sostenimiento de una corresponsabilidad parental. [*] Lo cierto es que los efectos positivos se verían reflejados tanto en los datos discriminatorios aludidos como en los valores familiares del ciudadano. No sólo se trata de establecer derechos en favor del padre o la madre con motivo de una institucionalización formal, sino de imperativos sociales que formen una conciencia para preservar el principio.

    Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente:

    PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVII Bis Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII TERAL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD PARENTAL

    Artículo Único. Se reforma la Fracción XXVII Bis y se adiciona la Fracción XXVII Ter al Artículo 132, de la Ley Federal del Trabajopara quedar como sigue:

    Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

    I a XXVII …

    XXVII Bis.Otorgar permiso de paternidad de seis semanas laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante; y

    En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al nacimiento o a la adopción, previa presentación del certificado médico correspondiente;

    XXVII Ter. Otorgar licencia de responsabilidad parental de hasta treinta días laborables con goce de sueldo, a las personas trabajadoras con el fin de atender sus obligaciones para con sus hijos de hasta 18 años.

    La licencia de responsabilidad parental no podrá otorgarse de forma inmediata a la de paternidad; y

    XXVIII …

    TRANSITORIOS

    PRIMERO.El presente Decreto entrará en vigor, el día siguiente al que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

    Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 26 de abril de 2017

    SUSCRIBEN


    [*] Cf. Moreno Mínguez, Almudena,  La ambivalencia ante la corresponsabilidad parental en España: una cuestión de género, Revista de Estudios de Género. La ventana, vol. V, núm. 42, julio-diciembre, 2015, Universidad de Guadalajara, México, p. 65  disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/884/88446716004.pdf (consultado el 23 de abril de 2017)

    [*] La corresponsabilidad parental suele aparecer en la figura de la custodia compartida (materia familiar), sin embargo, el principio de corresponsabilidad parental no se puede aplicar solo a la modalidad de cuidado de los hijos, sino también puede generar conflictos de igualdad sustantiva Cf. Acuña San Martín, Marcela, El principio de corresponsabilidad parental,  Revista de Derecho Universidad Católica del Norte Sección: Estudios Año 20 – Nº 2, 2013, p. 31.

    [*] Becker argumenta que la división del trabajo familiar responde a un proceso racional en la toma de decisiones basada en la evaluación de las posibles ganancias y pérdidas potenciales de los miembros de la pareja respecto a la integración en el mercado laboral.Ibidem, p. 51

    [*] Ídem.

    [*] Ídem.

    [*] Cf. Construir un México inclusivo, Políticas y buena gobernanza para la igualdad de género, Resumen ejecutivo y capítulo 1, OCDE, p. 3.,  disponible en: https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Estudio%20G%C3%A9nero%20M%C3%A9xico_CUADERNILLO%20RESUMEN.pdf

    [*] Ibidem, p. 8.

    [*] Ibidem, p.39.

    [*] Ibidem, p. 30.

    [*] Moreno Mínguez, Almudena op. cit., p. 54 in fine y 59

    [*] Herrera, Edna. Amplían Licencia por paternidad. En El Economista 26 de septiembre de 2016. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/09/26/amplian-licencia-paternidad consultado el 25 de abril de 2017.

    [*] Por ejemplo el Reino Unido, véase respecto a las licencias de paternidad pagadas “Paternitypay and leave” en https://www.gov.uk/paternity-pay-leave/overview y respecto de la duración de las licencias por paternidad “Parental leave” en https://www.nidirect.gov.uk/articles/parental-leave(consultados el 23 de abril de 2017)

    [*] Construir un México inclusivo, Políticas y buena gobernanza para la igualdad de género, op. cit., p. 44

    [*] Las posturas sustentan al principio de corresponsabilidad parental en dos vertientes: (i) Lo fundan en relación al interés superior del menor en consonancia con ordenamientos internacionales como la Convención de Derechos del Niño (art. 18.1) y la Carta Europea de los Derechos del Niño y; (ii) las que lo sostienen en relación con la igualdad sustantiva entre hombre y mujer, v.g la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (art. 16)

  • Iniciativa en Materia de Cinematografía sobre exhibición y tiempo de permanencia de películas nacionales.

    SEN. PABLO ESCUDERO MORALES,

    PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

    DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

    P R E S E N T E

    Los suscritos senadores IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, MARIA DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA, MARIA LUZ BERISTAIN NAVARRETE Y ARMANDO RIOS PITER, pertenecientes a la LXIII Legislatura en este Senado, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 8, numeral 1, fracción 1, 164, numeral 1; 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, PARA ESTABLECER UNA CUOTA DE PANTALLA DEL VEINTE POR CIENTO DEL TIEMPO TOTAL DE EXHIBICIÓN Y UN TIEMPO DE PERMANENCIA NO INFERIOR A TRES SEMANAS EN FAVOR DE PELÍCULAS NACIONALES, al tenor de la siguiente:

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    La cinematografía es una actividad cultural y educativa prioritaria para el desarrollo de México y es a la vez, una industria que produce una importante derrama económica y una significativa fuente generadora de empleos directos e indirectos; al tiempo que se constituye en un medio de comunicación que refleja la identidad e idiosincrasia de nuestro pueblo.

    Es pues una actividad que involucra un doble sentido de extensión: el de una expresión cultural generadora de memoria comprensiva del pasado, propiciadora de identidad cultural que crea sentidos sociales y colectivos; pero también, el de una forma de producción industrial a través de una cadena productiva (producción, distribución, exhibición) que transforma mediante procesos creativos y tecnológicos insumos de diversa índole en bienes finales de naturaleza material e intangible para consumo del público.

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