• Punto de Acuerdo sobre hechos del pasado 5 de abril en Arantepacua, Michoacán.

    De los Senadores Raúl Morón Orozco e Iris Vianey Mendoza Mendoza, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a conducir las investigaciones sobre los hechos del pasado 5 de abril en Arantepacua, Michoacán, con pleno respeto a los derechos humanos tanto de la comunidad como de los individuos involucrados, y para que la Procuraduría General de la República atraiga el caso.

     

    Sen. Raúl
    Morón Orozco
    Sin Grupo
    Sen. Iris Vianey
    Mendoza Mendoza

     

    PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA QUE CONDUZCA LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS HECHOS DEL PASADO 5 DE ABRIL EN ARANTEPACUA, MICHOACÁN, CON PLENO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS TANTO DE LA COMUNIDAD COMO DE LOS INDIVIDUOS INVOLUCRADOS, Y PARA QUE LA PGR ATRAIGA EL CASO.

    Quienes suscribimos, Senador RAÚL MORÓN OROZCO y Senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción ll, 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado de la República sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de inmediata resolución, al tenor de las siguientes:

    CONSIDERACIONES

    El pasado 5 de abril del presente año, en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, Michoacán, se dio un enfrentamiento en el que murieron 4 comuneros, hubo siete policías heridos; y varios detenidos que ya fueron liberados. Se afirma que el conflicto comenzó cuando fuerzas policiacas de Seguridad Pública de Michoacán, entraron con patrullas al poblado para recuperar vehículos que habían sido retenidos. Todo esto a pesar de que, en Morelia, la capital del estado, ya dialogaban una comisión de comuneros de la comunidad de Arantepacua y la subsecretaría de Gobierno estatal.

    A partir de estos acontecimientos, la Fiscalía Regional ha iniciado una investigación y el Personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen ha llevado a cabo diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

    Estamos ciertos que se debe castigar a los responsables de la violencia del pasado 5 de abril en Arantepacua y esto significa respetar los derechos humanos y procesales tanto de la comunidad como de los individuos involucrados. No se debe obviar el momento que vive tanto Michoacán como el país: masacres como las Tlatlaya, en el estado de México y las de Apatzingán y Tanhuato, en Michoacán, por ejemplo, en las que tanto las actuaciones de los cuerpos de seguridad como de las instancias de investigación judicial ha sido cuestionadas debido al uso irracional y desproporcionado de la fuerza, así como la ausencia de respeto a los derechos humanos; todavía organismos de sociedad civil exigen se termine con esta impunidad sistémica que reproduce la violencia epidémicamente.

    Exigimos que se garanticen los derechos humanos y la justicia en esta localidad michoacana y se castigue a los responsables. Se deben deslindar responsabilidades para sancionar a los causantes de este lamentable acontecimiento. Es urgente que se convoque a una mesa de diálogo entre las partes involucradas para encontrar una solución pacífica al conflicto. Los tres niveles de Gobierno deben reparan el daño ocasionado y hacerse responsables de la indebida actuación de la policía durante el enfrentamiento.

    Además, se debe garantizar que no se volverán a repetir hechos de violencia como los ocurridos en Arantepacua. Es necesario que organismos de derechos humanos intervengan en las investigaciones y que el titular del Ejecutivo estatal se comprometa con la resolución de los conflictos a través del diálogo y cesen las acciones de confrontación con la disidencia social.

    El mismo Ombudsman de Michoacán, Víctor Manuel Serrato, se ha sumado al rechazo a los hechos violentos protagonizados por los efectivos de seguridad estatalEl rector de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (plantel Pichátaro), Adán Ávalos García, junto con un grupo de académicos, solicitaron en días pasados a las autoridades estatales la liberación del profesor Elpidio Jiménez, detenido por fuerzas federales y estatales después de los hechos de violencia en Arantepacua.

    Afirmó el rector de la UIIM: “Pedimos el esclarecimiento de los hechos, el respeto a la comunidad de Arantepacua y nos solidarizamos con el profesor físico-matemático, Elpidio Jiménez, cuyo único delito cometido fue vivir en la orilla de Arantepacua, donde fue ultimado su tío”. El maestro Elpidio Jiménez fue detenido el pasado 5 de abril, después de la agresión a la comunidad.

    Según testimonios periodísticos: “La mamá del maestro comentó que el día del enfrentamiento se escucharon disparos, gritos y luego el ingreso de policías y soldados. Se metieron a su casa y a golpes sacaron al profesor y a su papá. También se llevaron detenidas a su mamá, esposa e hijo de un año. A estos tres últimos los liberaron a unos kilómetros de la comunidad”. Otros testimonios apuntan a que en esta agresión existe una alta responsabilidad de autoridades policiacas.

    Por lo anterior, el Gobierno de Michoacán debe dar cabal cumplimiento a su función de protección de la seguridad de las y los michoacanos y a una procuración de justicia objetiva e imparcial, conducirse con eficacia y profesionalismo en las investigaciones sobre estos hechos y asegurar que no permanecerán impunes, todo ello para recuperar un estado de paz, seguridad y coadyuvar con el Estado de derecho.

    En Arantepacua existe la presunción de que servidores de seguridad pública cometieron actos ilícitos, así como múltiples violaciones de derechos humanos. Y en el contexto de impunidad que vive el país, de incapacidad de las instituciones de gobierno para garantizar la no repetición de violencia contra las comunidades indígenas, se debe actuar con eficacia y respeto a libertades y derechos.

    Los problemas de violencia criminal, delincuencia organizada, narcotráfico, entre otros que aquejan a nuestro país, no legitiman el empleo de la violencia institucional; el combate de los delitos no puede encontrar respuestas y vías en las violaciones a derechos humanos. Los actos de abusos de la autoridad deben ser castigados y resulta muy lamentable exigir la determinación de responsabilidades de los superiores jerárquicos en México, porque la respuesta es prácticamente inexistente, la impunidad en lo que respecta a investigar y sancionar a funcionarios también es latente.

    Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de Michoacán para que se conduzca con pleno respeto al debido proceso y a los derechos humanos, tanto de la comunidad como de los individuos involucrados, en las investigaciones, imparciales y objetivas, sobre los hechos del pasado 5 de abril en Arantepacua, Michoacán. Además, se exhorta respetuosamente a la PGR para que, de ser necesario, atraiga el caso y actúe en el mismo sentido.

    Dado en el salón de Plenos, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil diecisiete

    Senador Raúl Morón Orozco                         Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza

  • Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el ataque con armas químicas ocurrido en Siria.

    De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el ataque con armas químicas ocurrido en Siria.

    Sen. Iris Vianey
    Mendoza Mendoza

    La suscrita, Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrantedel Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENA ENÉRGICAMENTE EL ATAQUE CON ARMAS QUÍMICAS OCURRIDO EN SIRIA, de conformidad con las siguientes:

    CONSIDERACIONES

    El pasado martes 4 de abril se dio, de nueva cuenta, un hecho atroz en Siria, país que desde hace más de 6 años se encuentra sumido en una de las guerras civiles más cruentas de la historia, donde la muerte y la desolación son el pan de cada día.

    Un bombardeo aéreo donde supuestamente se utilizaron armas químicas en la provincia de Idleb, situada el noreste de Siria, causó la muerte de más de 70 personas y cientos de afectados por el gas toxico utilizado, entre los que se encuentran más de 20 niñas y niños.Hay que señalar que derivado de la magnitud del ataque, hasta el momento no existe una cifra precisa de muertos y heridos, puesto que el número puede elevarse dada la gravedad del agente empleado.

    Ante este crimen de lesa humanidad, la comunidad internacional ha alzado la voz no sólo para condenar tan deplorable suceso, sino para exigir que los responsables sean llevados a la justicia y frenar el baño de sangre que ha inundado a Siria durante los años de guerra.

    El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas condenó el ataque, señalando que “Los horribles acontecimientos de ayer martes demuestran desgraciadamente que los crímenes de guerra siguen en Siria y que el derecho internacional humanitario es violado frecuentemente”.

    Por su parte, el Papa Francisco calificó al ataque como una masacre inaceptable y apeló a “la conciencia de los que tienen la responsabilidad política, a nivel local e internacional, para que cese esta tragedia”.

    Asimismo, mandatarios como FrancoisHollande, Presidente de Francia, TheresaMay, Primer Ministra de Reino Unido, Donald Trump, de Estados Unidos, así como altos funcionarios de la Unión Europea y de la Organización de las Naciones Unidas, condenaron los hechos.

    Hay que señalar que no es la primera vez que son utilizadas las armas químicas en la guerra de Siria. En agosto de 2013 ocurrió un ataque con gas sarín en la provincia de Guta, en Damasco, donde más de 1400 personas murieron y miles más resultaron heridas, incluidas niñas y niños, así como mujeres y personas de la tercera edad.

    Dicha tragedia culminó en el desarme del gobierno sirio de sus armas químicas, mediante un acuerdo celebrado entre Rusia y Estados Unidos y que ocurrió en 2013 y 2014.

    Es pertinente señalar que la guerra en Siria ha causado la muerte de más de 470 mil personas, entre las que se encuentran 104 mil civiles, un millón de heridos y más de 10 millones de desplazados, lo que la convierte en la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial.

    Asimismo, el éxodo de refugiados que huyen de la muerte en Siria la ha generado una crisis de proporciones nunca vistas. Millones de personas han huido de su país sólo para encontrar la muerte intentando llegar a Europa, o siendo sometidas a tratos crueles y denigrantes por personas sin escrúpulos que se aprovechan de su situación. Según los últimos cálculos, 5 millones de sirios se bajo ese estatus.

    Si bien la comunidad internacional ha emprendido acciones con miras a intentar resolver el conflicto que tiene tintes geopolíticos, los resultados han sido mínimos y no han logradoatender a los millones de personas que actualmente se encuentran en desgracia ni frenar el derramamiento de sangre.

    Ante esta situación, el Senado de la República debe alzar la voz y condenar el ataque ocurrido en la localidad de Idleb, Siria, exigiendo que los responsables sean llevados ante la justicia.

    Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía, se apruebe el siguiente:

    Punto de Acuerdo:

    ÚNICO.El Senado de la República condena de manera enérgica el ataque con armas químicas ocurrido en Siria el pasado martes 4 de abril, e insta a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos con miras a poner fin a la guerra civil en dicho país.

    Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos a los 4 días del mes de abril de 2017.

    SUSCRIBE
    SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA


    1 Sacha, Natalia, Un supuesto ataque químico causa una matanza en la zona rebelde siria, El País, 5 de abril, consultado en la fecha, disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/04/actualidad/1491292477_793091.html

    2Secretario general de la ONU denuncia “crímenes de guerra” en Siria tras ataque “químico”, Teletrece, disponible en: http://www.t13.cl/noticia/mundo/secretario-general-onu-denuncia-crimenes-guerra-siria-ataque-quimico

    3Condena internacional por ataque químico en Siria, El Observador, disponible en: http://www.elobservador.com.uy/condena-internacional-ataque-quimico-siria-n1053766

    4TheSyrianObservatoryfor Human Rights, disponible en: http://www.syriahr.com/en/

    5Las heridas de Siria: 470.000 muertos y cinco millones de refugiados, El español, disponible en: http://www.elespanol.com/mundo/20160314/109489348_0.html

  • Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a emitir un informe sobre la situación que guardan las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo básicas.

    De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a emitir un informe sobre la situación que guardan las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo básicas.

    SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

    Sen. Iris Vianey
    Mendoza Mendoza

    PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA QUE EMITA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO BÁSICAS; ASÍ MISMO EMITA INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES QUE ESTA INSTITUCIÓN HA REALIZADO ANTE EL SECTOR COOPERATIVO, Y PROMUEVA Y GARANTICE EL ACCESO AL DERECHO A LA INCLUSIÓN FINANCIERA A SECTORES SOCIALES QUE SE ENCUENTRAN AL MARGEN DE LOS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS PRIVADOS.Las Senadoras y Senadores ante la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento a lo establecido en los artículos  71 fracción II, 78 fracción III, y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y el artículo 276 numeral 1 y 2 del Reglamento del Senado de la Republica, sometemos a consideración de esta Soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    En el año de 2001 se expidió la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), el contenido de esta Ley estableció como propósito fundamental agrupar diversas organizaciones de finanzas populares, como son: las cajas populares, cooperativas, cajas de ahorro, uniones de crédito, microfinancieras, cajas solidarias, etc., a fin de que todas se transformaran en entidades de ahorro y crédito popular, cada una con su propio objeto social, mecanismos, enfoques y acciones diferentes, pero todas bajo un mismo marco legal regulatorio.

    A partir de la entrada en vigor de esta Ley las entidades que se constituyeran o estuvieran operando, requerirían de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para continuar sus actividades como entidades de Ahorro y Crédito Popular.

    Para el año 2009, el poder legislativo generó un nuevo marco jurídico: la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), que reconoció la pertenencia de estas sociedades cooperativas al sector social, así como su naturaleza social sin fines de lucro [*]. El objeto de la ley es el de regular las actividades de las cooperativas de ahorro y préstamo, así como las operaciones que realicen entre y con sus socios.

    Así el artículo 13 de la LRASCAP establece las condiciones para que las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo sean consideradas como entidades autorizadas para realizar una serie de operaciones que se consideran como básicas.

    Artículo 13.- Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo cuyo monto total de activos no rebase el límite equivalente en moneda nacional a 2’500,000 UDIS contarán con un nivel de operaciones básico y no requerirán de la autorización de la Comisión para realizar operaciones de ahorro y préstamo.

    Sin perjuicio de lo anterior y para todos los efectos legales, solamente se considerará como Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico, a aquella sociedad cooperativa que se encuentre registrada en términos del artículo 7 de esta Ley, por lo que las sociedades que no obtengan su registro y aquéllas a las que les sea cancelado, no tendrán el carácter de Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico.

    La misma Ley señala que estas cooperativas no tienen obligación de contar con autorización, únicamente están obligadas a ser evaluadas cada seis meses por el Comité de Supervisión Auxiliar, con lo que podrán realizar las operaciones que marca la propia ley al respecto.

    Artículo 15.- A las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico, les será aplicable lo siguiente:

    1. Serán evaluadas por el Comité de Supervisión Auxiliar semestralmente de acuerdo al Nivel de Capitalización con el que cuenten y el apego que tengan a las disposiciones que en materia de información financiera y requerimientos de capitalización, emita la Comisión. Dichas evaluaciones se llevarán a cabo con información a junio y diciembre de cada año, debiendo publicarse durante los meses de septiembre y marzo inmediatos siguientes, según corresponda, por lo que en las citadas disposiciones deberá precisarse la forma y plazos de entrega de la información.

     

    En este contexto las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Básicas ofrecen a sus socios el acceso al derecho a la inclusión financiera [*], el cual se convierte en una práctica objetiva desde las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a partir del ejercicio que realiza la población con menos ingresos, relaciones sociales e institucionales fundadas en la confianza y dotada de una cultura de la ayuda mutua, de ahorro y préstamo; cabe señalar que los sectores de la población que tienen acercamiento e interacción  con Sociedades Cooperativas en buen número se encuentra excluida de los servicios que ofrece la banca privada.

    Por otro lado, de acuerdo con información estadística del Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP), para el mes de julio de 2015, señala que existía un universo identificable de 751 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

    El FOCOOP, en la fecha antes referida, presentó en su página de internet una serie de datos estadísticos sobre la situación de las sociedades cooperativas, en la cual se consigna de forma general el estado que guarda el proceso de revisión y supervisión de dichas entidades de ahorro y préstamo del sector social. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

     

     

     

    Fuente: FOCOOP
    Datos al 31 de julio de 2015 Datos estadísticos de las Cooperativas de ahorro y préstamo

    Situación

    Organizaciones

    Activos

    Socios

    Autorizadas

    149

                         107,773,784,013.23

    5,781,394

    En proceso de autorización

    36

                             6,070,865,987.94

    377,207

    Para proceso de consolidación

    34

                             2,999,890,567.23

    298,332

    No presentaron Solicitud

    12

                                 687,561,556.65

    44,714

    Nivel Básico

    458

                             2,028,817,097.69

    279,752

    Clasificación “D”

    32

                             2,443,659,731.72

    258,177

    Otras circunstancias

    2

                                   78,889,771.16

    2,716

    Incumplieron 3ro Transitorio

    28

                             1,426,301,770.10

    143,868

     

    751

    123,509,770,495.72

    7,186,160

    El 30 de junio de 2016, el FOCOOP publicó en su portal de internet [*] la existencia de 475 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo categorizadas como de nivel básico, de las cuales el fideicomiso señala que para la fecha de corte fueron evaluadas 146, mientras que 206, para ese tiempo no habían sido evaluadas; de acuerdo con esta información no se presentan datos sobre 123 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de la diferencia resultante del universo total menos las evaluadas y las no evaluadas.

    Así que, del universo de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, básicas, únicamente ha sido evaluado, por el FOCOOP, el 30.7%; mientras que el 43.6%, hasta la fecha de corte de la información permanecía sin evaluar; y del 25.8% restante no hay información en la página de internet citada.

    Por todo lo expuesto anteriormente, los que suscribimos nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

    PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO.

    PRIMERO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que emita un informe detallado sobre la situación que guardan las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo categorizadas, de acuerdo con la Ley, como Básicas; así como también emita un informe pormenorizado sobre las acciones implementadas y dirigidas a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo básicas.

    SEGUNDO.- Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores promueva y garantice el acceso al derecho a la inclusión financiera, proporcionado por las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a los sectores sociales que se encuentran al margen de los servicios bancarios y financieros privados.

    TERCERO.- Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro de sus facultades y atribuciones, genere todo tipo de campañas y estrategias que ofrezcan confianza a los socios de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, con el objetivo de promover el derecho a la inclusión financiera desde el sector cooperativo.

    Suscriben

    Senadores / Senadoras

    Firma

    Dado en el Senado de la República a los veintitrés días del mes de febrero de dos mil diecisiete.


    [*] Exposición de motivos de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Apartado: Problemática sobre la regulación vigente de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Página 7.

    [*] Inclusión financiera: Panorama general. Dos mil millones o el 38 % de los adultos en el mundo no utilizan servicios financieros formales y un porcentaje aún mayor de los pobres no tiene cuenta bancaria debido a los costos, las distancias de viaje y a los, a menudo, complejos requisitos que se deben cumplir para abrir una cuenta. Sus filas incluyen más de la mitad de los adultos en el 40% de los hogares más pobre en los países en desarrollo.

    La falta de servicios bancarios está vinculada con el nivel de ingresos: el 20 % de los adultos más ricos de los países en desarrollo tiene el doble de probabilidades de poseer una cuenta formal que el 20 % más pobre. Sin embargo, si bien los pobres no tienen el mismo acceso a productos financieros que los individuos con niveles más altos de ingresos, su necesidad de contar con servicios financieros podría ser incluso mayor. Las investigaciones indican que el acceso a productos de ahorro y, en particular, a ahorros “comprometidos”, donde los individuos limitan su derecho a girar fondos hasta que hayan alcanzado un objetivo específico impuesto por ellos mismos, puede tener beneficios importantes más allá del simple hecho de aumentar la cantidad de ahorros: puede empoderar a las mujeres; subir el consumo y las inversiones productivas; elevar los ingresos y la productividad, e incrementar los gastos en salud preventiva.

    Tomado de la página web del Banco Mundial.
    http://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview

     

    [*] Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores. Publicado en.
    http://focoop.com.mx/WebSite16/WebForms/RegistroGrid.aspx?List=Basicas
    Consultado en el mes de enero de 2017.

  • Excitativa a comisiones para que dictaminen sobre Iniciativa de Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza.

    Senado de la República, 1 de diciembre de 2015

     

    SEN. ROBERTO GIL ZUARTH

    PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO

    P R E S E N T E

    Los suscritos Senadores IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, MARÍA DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ y ARMANDO RÍOS PITER, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXIII Legislatura, con fundamento con lo establecido por el artículo 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos; 8, numeral 1, fracción III; 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, le solicitamos respetuosamente, formule excitativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera para que presenten el Dictamen correspondiente con base a las siguientes:

     

    CONSIDERACIONES

    1. Que el 25 de octubre de 2012, los suscritos presentamos ante el pleno del Senado de la República una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza Necesaria, con la finalidad de establecer un marco normativo para regular el desempeño de las corporaciones policiales que pertenecen al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en sus procedimientos técnicos, estándares operacionales, y uso legítimo de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones, con pleno respeto a los derechos humanos y sus garantías.

    1. Que la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

    1. Que debido a la trascendencia del tema y a la compleja situación que se vive actualmente en el país, es necesario que la Comisión se reúna para discutir y dictaminar la iniciativa presentada.

    1. Que ha transcurrido en demasía el término previsto en la Ley y el Reglamento para que dichas comisiones emitan el dictamen correspondiente.

    Por lo antes expuesto, le solicitamos de la manera más atenta se dé trámite a la siguiente:

    EXCITATIVA

    ÚNICO. La Mesa Directiva del Senado de la República, excite a las Comisiones Unidas Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera, para que se reúna a la brevedad y emita el dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza Necesaria, a que se hace referencia en el presente documento.

    Suscriben

    SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA SEN. MARÍA DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA
    SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ SEN. ARMANDO RÍOS PITER

    Dado en el Cámara de Senadores, el 1 de mes de diciembre de 2015.

  • Reserva a la Ley Federal de Derechos del Paquete Económico 2016.

    Senado de la República, D.F. 28 de octubre del 2015

    SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH

    PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

    SENADO DE LA REPÚBLICA

    PRESENTE.-

    Quien suscribe SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento del Senado de la República y con referencia al Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos aprobado por la Cámara de Diputados de este H. Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta de modificación al artículo 268, y de adición al artículo 271 dentro del Capítulo XIII, referente a Minería, ambos preceptos de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

     

     

    Consideraciones

    En el dictamen que se discute dentro del paquete económico 2016, se omite el tema regulado en el capítulo XIII de la Ley Federal de Derechos a cerca de la minería, cuyos montos establecidos por concepto de derechos por exploración o explotación de sustancias o minerales, permanecen intactos en relación con el 2015.

    Lo anterior, en el entendido de que es una prioridad de las izquierdas, el impulsar un modelo de explotación minera que garantice por parte de la industria, una mayor responsabilidad social y ambiental con las entidades federativas y municipios.

    En el año 2014, de acuerdo con el Informe anual 2015 de la Cámara de Minería de México, los puertos de Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, tuvieron bajas en las exportaciones, sobre todo en mineral de hierro. Esta baja se debió principalmente a la reducción en la producción del grupo de metales preciosos; al menor precio internacional de los metales y una depreciación del peso frente al dólar. Pese a esta caída, la minería permaneció como el cuarto sector industrial que más divisas genera, por detrás del automotriz, el electrónico y el petróleo al captar 17 mil 53 millones de dólares. En el año 2014, en conjunto la producción de oro, cobre, plata y zinc representaron 74% del valor de la producción generada en pesos.

    Por otro lado, dentro de la lista de Forbes 2015, en el Top Ten de los millonarios mexicanos, encontramos a Germán de Larrea con una fortuna de 13,900 millones de pesos, cuya actividad principal es la minería, al igual que Alberto Balleres, cuya fortuna asciende a 10,400 millones de pesos y su actividad, la minería: estos dos empresarios ocupan los lugares dos y tres de la lista de los más ricos de México después de Carlos Slim. Paradójicamente, México siempre bien posicionado en la lista de Forbes en el mundo, tiene 55.3 millones de mexicanos en condiciones de pobreza, esto es, la mitad de los mexicanos que habitan en el país.

    Por si fuera poco, nunca ha existido actividad industrial tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería. La pérdida de biodiversidad es irreversible, así como la modificación agresiva de los paisajes y sus cauces hídricos. A la devastación propiamente ecológica, hay que sumar los atropellos económicos, sociales y políticos.

    Con la entrada en vigor de los tratados de libre comercio en toda América Latina en la década de los 90, leyes mineras más que permisivas, vigentes hasta nuestros días, abrieron las puertas a empresas transnacionales (sobre todo canadienses) facilitando la explotación de la naturaleza y la mano de obra barata; negocios para unos cuantos, destrucción y muerte para los pueblos.

    El país tiene una historia oficialmente enterrada de impactos socio-ambientales de la actividad extractiva. El desmesurado poder económico-financiero de estas empresas crea entornos de corrupción e impunidad estructural. Los derechos humanos de los pobladores pierden progresivamente toda vigencia práctica y quedan literalmente en manos de la buena voluntad de las políticas corporativas.

    Aunado a lo anterior, la fuerza de trabajo en la minería representa un sector en el que se pagan bajos salarios a los trabajadores, a cambio de largas jornadas laborales (hasta 14 horas diarias) y pocas condiciones de seguridad. Peor aún, entre los estados con mayor producción de oro y plata[1]encontramos a Guerrero y Oaxaca; y en los estados con producción de cobre además de Guerrero, encontramos a Michoacán, son tres estados mineros que se sitúan en la lista de los 7 estados con mayor pobreza en el país de acuerdo con datos del CONEVAL.

    No obstante que la Ley de Derechos establece[2]que de los recursos obtenidos por los derechos al sector minero el 80% se destinan al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, que incluye:

    1. Construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares;
    2. Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público;

    III. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire;

    1. Obras que preserven áreas naturales; así como,
    2. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana.

    Este recurso se debe aplicar en un 62.5% a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y el 37.5% restante a la entidad federativa correspondiente.

    Ahora bien, el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se publicó en el periódico oficial el 25 de septiembre de 2014, el primer pago se realizó en el mes de marzo de 2015, así, la recaudación por los derechos especial, extraordinario y adicional sobre minería correspondiente a 2014 ascendió a $2,589.4 millones; de esta, el 80%, es decir, $2,072 millones de pesos se destinará a los estados y municipios mineros. Según datos del INEGI, en  ese mismo año, el valor de la producción minero-metalúrgica llegó a los 196 mil 967 millones de pesos (14 mil 820 millones de dólares), y a los estados y municipios mineros llegará sólo un beneficio del 0.011% del valor de la producción minero-metalúrgica. El pago de estos derechos para el ejercicio fiscal 2015, se realizará hasta marzo de 2016.

    Por los montos mencionados, es evidente que tal destino de los recursos no es suficiente, pues de acuerdo con los datos duros la fortuna de los empresarios mineros crece y la pobreza aumenta, los estados mineros en vez de tener crecimiento se mantienen con altos niveles de pobreza, es otras palabras, no estamos logrando nuestro cometido final de combatir la desigualdad; el modelo de explotación minera, se tiene que regular con absoluta responsabilidad social y no con miras al beneficio de las grandes industrias.

    Por ello, se tiene que aumentar el monto por derecho de exploración o explotación de sustancias o minerales, pero además, en el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros contemplado en el artículo 271 de la ley de derechos, se tiene que destinar una parte directa para las familias mineras, a través de un Fondo Educativo para los hijos de los Trabajadores Mineros, siendo esta, unas de las mayores necesidades de las familias mineras que además, entran en los rangos de pobreza ya referidos.

    El pago de derechos tiene que obedecer al diseño de nuevos métodos para obtener una distribución del ingreso más justa, basada en criterios de racionalidad y eficiencia económicas. Tenemos que impulsar una estrategia que permita mejorar el nivel de vida de la población, garantizar un poder adquisitivo más elevado, que a su vez atienda las demandas más sentidas de los ciudadanos.

    El tema de minería es un tema trascendental para beneficio de los estados que ha sido omitido en el marco del paquete económico del siguiente año, hay que subir el impuesto especial sobre minería como un beneficio directo para los más de dos millones de familias que viven de este rubro, y en los destinos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, proponemos agregar un destino específico para las familias mineras, sin dejar de considerar desde luego el impulso económico para los estados mineros.

    Por lo anteriormente expuesto, se proponen las siguientes reservas a los artículos de:

    LEY FEDERAL DE DERECHOS

     

     

    Dice: Debe decir:
    Artículo 268. Los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán anualmente el derecho especial sobre minería, aplicando la tasa del 7.5% a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva, las deducciones permitidas en este artículo, mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente a aquel al que corresponda el pago.

    (…)

     

     

    Artículo 271. El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros se integrará con los recursos por derechos sobre minería a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley y deberán ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo:

     

    I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares;

     

    II. Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público;

     

    III. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire;

     

    IV. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo, reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua, y

     

    V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes.

     Artículo 268. Los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán anualmente el derecho especial sobre minería, aplicando la tasa del 8% a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva, las deducciones permitidas en este artículo, mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente a aquel al que corresponda el pago.

    (…)

     

     

    Artículo 271. El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros se integrará con los recursos por derechos sobre minería a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley y deberán ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo:

     

    I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares;

     

    II. Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público;

     

    III. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire;

     

    IV. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo, reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua;

    V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes, y

     

    VI. Fondo Educativo para los hijos de los Trabajadores Mineros.

     

    SUSCRIBE

    SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA

     

    Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República,

    el día 28 del mes de octubre del 2015

    Fuentes:

    [1] Estadística de la Industria Minero metalúrgica, publicada por INEGI en 2015

    [2] Artículo 275 Ley Federal de Derechos